El director xeral de Simplificación Administrativa, José María Barreiro, ha rechazado «la acusación de trato discriminatorio» a ayuntamientos en función del color político, ante las críticas de la diputada del PSdeG Patricia Iglesias por el «abuso» de convenios.
Ha sido en la comisión de economía del Parlamento, donde la socalista ha aprovechado para reclamar un pacto local gallego para implantar una financiación «justa, equitativa y eficiente» de los municipios.
Al respecto, ha denunciado que el Gobierno gallego otorga «a dedo» más de la mitad de las subvenciones, según ha argumentado, «incumpliendo» las leyes de subvenciones estatal y gallega.
«Alude a una supuesta discriminación política en el otorgamiento de subvenciones directas. Debo reiterar de forma firme y categórica el rechazo a cualquier acusación de trato discriminatorio», ha respondido el alto cargo de la Consellería de Facenda, para defender un proceder basado en los «principios de legalidad, objetividad, transparencia y eficacia en la asignación de recursos públicos».
«OBJETIVOS»
Así, ha asegurado que el Ejecutivo autonómico «no realiza distinción ni discriminación alguna (…) sino que aplica criterios objetivos y verificables en cada caso concreto, basándose exclusivamente en los méritos y necesidades de la propuesta presentada».
Esta «neutralidad institucional» queda «evidenciada», ha afirmado, «por la diversidad ideológica» de los ayuntamientos que firman convenios, «y por la existencia de múltiples ejemplos de colaboración con entidades gobernadas por diferentes formaciones».