La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ha sostenido este miércoles que la resolución del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) relativa a la protección de los terrenos previstos para la instalación de Altri se limita a un “documento provisional” y que, en todo caso, la clasificación establecida “permite” la puesta en marcha de iniciativas industriales.
“Aunque no afecta a absolutamente nada, cuando hay una sentencia, la acatamos”, respondió a la interpelación del diputado del BNG, Luis Bará, que llevó el asunto al pleno del Parlamento. El parlamentario nacionalista, que acusó al Ejecutivo gallego de dar el “cambiazo sin justificarlo”, considera que el pronunciamiento judicial supone un “jaque mate” al proyecto y acarrea que la declaración de impacto ambiental (DIA) sea “ilegal”.
La sentencia del TSXG, fechada el 13 de febrero y conocida pocos días después de que se anunciara el archivo de Altri, establece que la Consellería debía conservar en su estrategia de infraestructura verde la zona de amortiguamiento de la Serra do Careón, que, según argumentó la acusación —ejercida por la asociación ecologista Adega—, había sido eliminada.
En su intervención, Bará subrayó que este fue el “único cambio” introducido entre 2022 y 2025. “Y casualmente estos terrenos coinciden con los terrenos donde se iba a instalar Altri”, remarcó. A partir de ahí, planteó a Vázquez tres preguntas (quién tomó la decisión, qué informes la respaldaron y en qué momento se produjo) y, en su siguiente turno, le afeó que evitase aclararlas.
“Asuma su responsabilidad y dimita. Pero, antes de hacerlo, responde a las preguntas que le formulamos en el Parlamento”, reclamó directamente a la conselleira. Esta replicó con sorna a esa exigencia: “Cada que el señor Bará pide mi dimisión, para mí es un elogio”.
Un documento provisional y la infraestructura verde
En su respuesta, Vázquez volvió a incidir en el carácter “provisional” del documento analizado por el TSXG, en el que figuran una serie de elementos que podrían integrarse en la infraestructura verde “cuando se haga la declaración formal de la estrategia” y sobre los que “habrá más movimientos”. “No tenemos infraestructura verde, tenemos una estrategia”, enfatizó.
“¿Esto influye en la declaración de impacto ambiental? No, no influye”, zanjó. Defendió además que en las zonas de amortiguamiento están “permitidos” otros usos, incluida la implantación de proyectos industriales, como el de la factoría de Altri.
La titular autonómica ironizó con que el BNG “quiera reactivar” el proyecto y con que “se le terminen los domingos en los que convocaban al personal”, aludiendo a las multitudinarias protestas de los últimos años: “Ahora que archivamos Altri, hay que revivir Altri”. Asimismo, censuró que, en los últimos tres años, la Consellería haya recibido 375 recursos judiciales contra actividades empresariales promovidos por “tres organizaciones”, entre las que dio a entender que se encontraba Adega.
Choque político y referencias al Código Penal
En el intercambio dialéctico, conselleira y diputado del BNG recurrieron a distintos preceptos del Código Penal. Bará comenzó pidiendo a Vázquez que tuviera presente el artículo 404, que prevé la inhabilitación especial de un funcionario público por “dictar una resolución arbitraria” a sabiendas de su “injusticia”.
“Usted es quien firmó esa estrategia de infraestructura verde”, insistió el nacionalista. Vázquez replicó aludiendo al artículo 205, que tipifica el delito de calumnia, y añadió el 206, que fija las penas de prisión aplicables en caso de incurrir en este tipo delictivo.