La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha sostenido que las cifras oficiales “desmienten la propaganda” del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, al subrayar que “en dos años 171 viviendas protegidas terminadas” frente a las “4.000” prometidas para 2028.
“En 2024 anunció que en 2028 habría 4.000 nuevas viviendas públicas construidas, pero hoy, la realidad es que solo hay 171 viviendas protegidas terminadas, tanto en promoción pública como privada, que además estaban iniciadas antes de su anuncio”, ha advertido para reprobar que “Rueda persista en engañar y jugar con las ilusiones de la gente”. Además, ha asegurado que el Ejecutivo gallego dejó sin invertir 490 millones que tenía presupuestados entre los años 2019 y 2025 para políticas de vivienda.
Estas declaraciones las ha realizado en la presentación del informe encargado por el BNG al Instituto para el Desenvolvemento Económico de Galiza (Idega) de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), en un acto en el que también ha intervenido la coordinadora del estudio, la investigadora María José Piñeira. A la cita, celebrada en el Parlamento de Galicia, han acudido igualmente el director do Idega, Rubén Lois; la responsable parlamentaria de Vivienda, Saleta Chao; y la eurodiputada Ana Miranda.
Pontón ha remarcado que se trata de un trabajo amplio y exhaustivo sobre la realidad residencial en Galicia que permite al BNG contar con un diagnóstico detallado para reforzar sus “alternativas reales” en este ámbito. De ese análisis, la líder nacionalista ha subrayado dos conclusiones principales.
La primera es que la promoción de vivienda protegida “cayó en picado” a partir de 2010, “justo cuando el PP regresa a la Xunta”, una caída que “se prolonga hasta hoy y que tuvo años en la que la cifra fue absolutamente ridícula, como en 2024, con cinco viviendas protegidas con cualificación definitiva”.
La segunda conclusión, ha añadido, es que las viviendas de uso turístico (VUT) registraron entre 2020 y 2024 “un crecimiento exponencial, menos en Santiago, en el que bajaron un 13”. A juicio de Pontón, esto “no es casualidad, sino que demuestra que cuando hay políticas decididas como las que lleva a cabo el gobierno del BNG en este ayuntamiento, se puede actuar para favorecer el derecho a la vivienda”.
Ante la “incapacidad” del Ejecutivo del PP para articular medidas “reales y efectivas”, Pontón ha avanzado que el BNG organizará esta misma semana una jornada monográfica sobre políticas de vivienda, bajo el título ‘A vivenda en Galiza, retos e solucións’, en la que se analizarán las propuestas de la formación para dotar de mayor solidez a este ámbito. En el encuentro participará, entre otros ponentes, la directora general de Vivienda de Nafarroa.
“Galicia merece que la vivienda vuelva a ser un derecho”, ha defendido, antes de desgranar varias de las iniciativas que el BNG plantea con ese objetivo. Entre ellas, ha citado la necesidad de que toda la vivienda protegida tenga una declaración de protección permanente como vía para frenar la especulación.
Pontón ha señalado que “a día de hoy un promotor puede recibir hasta 50.000 euros para construir una vivienda protegida y esa vivienda en 15 años puede volver a estar en el mercado a un precio absolutamente imposible”.
Otra de las medidas que impulsa el BNG es que la Administración adquiera toda la vivienda protegida que salga a la venta, recordando que en los últimos años se enajenaron casi 7.000 viviendas públicas que, de haberse conservado, podrían integrar ahora el parque público y ponerse a disposición de la ciudadanía “si realmente el señor Rueda quisiese”.
“Sabemos que en los próximos cinco años caducará la cualificación de vivienda protegida para 14.000 viviendas públicas, por eso creemos que es importante que toda esa vivienda se siga manteniendo ene l ámbito de la gestión pública”, ha señalado Pontón, quien ha abogado por la declaración de las zonas tensionadas como herramienta para controlar el precio de los alquileres, frente a un Ejecutivo de Rueda que “está boicoteando esta medida”.
Conclusiones del informe sobre vivienda en Galicia
Por su parte, la coordinadora del informe ha puesto el foco en algunos de los principales indicadores recogidos en el estudio, como el esfuerzo económico que deben asumir los hogares para acceder a una vivienda, que en la mayoría de los casos supera el 30% de sus ingresos.
“Los precios de la vivienda corren más que el incremento de los salarios, estos subieron un 21%, pero las viviendas en compra un 24,3% y en alquiler un 24,7%”, ha profundizado.
María José Piñeira también ha abordado la evolución del parque residencial y la creación de hogares, destacando que, entre 2020 y 2024, los hogares aumentaron un 22%. Ha recordado que hasta 2007 el ritmo de construcción de vivienda era muy superior al de creación de hogares, una dinámica que se invirtió a partir de ese año, con un descenso acusado en el número de viviendas levantadas.
Asimismo, ha señalado que en Galicia el alquiler solo supone el 12,3% del total, tres puntos menos que la media estatal y muy lejos del 25% de algunos países europeos. También ha recordado que de los 22.680 demandantes de vivienda inscritos en el registro del IGVS —una cifra que ha calificado de sesgada, al considerar que no toda la población conoce la existencia de este registro—, el 83,8% solicita una vivienda de promoción pública y no privada, y el 53,6% pide que sea en régimen de alquiler.
Piñeira ha advertido igualmente de que Galicia es la comunidad con más vivienda vacía del Estado, con 506.351 inmuebles desocupados en un parque total que supera las 1.700.000 viviendas. Además, ha indicado que existen tres grandes focos de concentración de VUT (Vigo, Sanxenxo y A Coruña), aunque ha precisado que en toda la franja costera se intensifica la ratio de VUT por vivienda, siendo Santiago el único municipio donde descendieron entre 2020 y 2024.
En este escenario, la coordinadora del informe ha defendido la conveniencia de priorizar la rehabilitación frente a la construcción de nueva planta, lo que “no significa que no se sigua construyendo”. También ha instado a redefinir el modelo de vivienda protegida para que cuente con cualificación permanente y a regular las VUT y el alquiler turístico, avanzando hacia “una gobernanza metropolitana” en materia de vivienda.
Por último, ha reclamado políticas diferenciadas para los entornos urbanos, periurbanos y rurales, “porque son territorios con unas problemáticas y unas casuísticas totalemtne diferentes”.