El Partido Socialista de Galicia ha criticado el “desequilibrio en la Policía Autonómica” al denunciar que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, dispone de una escolta formada por 20 agentes de la Policía Autonómica, mientras que únicamente 13 efectivos se dedican a la protección de mujeres víctimas de violencia machista.
En una nota remitida a los medios, la portavoz de Igualdad del Grupo Socialista, Paloma Castro, acusó al Ejecutivo gallego de “traspasar una frontera institucional y ética que nunca se debería cruzar” al mantener las declaraciones del conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo. Este había advertido de que, si no se producen avances en la renovación del convenio y en la mejora de la Unidad de Policía Adscrita, dejaría de asumir otras funciones “que no sean de competencia autonómica” y señaló expresamente a la protección de las víctimas de violencia machista.
En este sentido, la diputada recordó que “42 mujeres fueron asesinadas en España este año, dos de ellas en Galicia, y más de 6.000 gallegas viven bajo seguimiento policial”. A su juicio, “en este contexto introducir una mínima duda sobre la continuidad de la protección es algo profundamente irresponsable y políticamente imperdonable”.
La parlamentaria autonómica sostuvo además que “la Policía Adscrita tiene hoy más de veinte agentes destinados a acompañar y proteger al presidente Rueda en actos públicos y solo 13 para salvaguardar la vida de mujeres bajo amenaza real”. Para Castro, “esa es la prioridad de la Xunta. No hace falta calificativos: basta con ver las cifras”.
Castro recalcó que Calvo no se haya desdicho y que, por el contrario, se reafirmase públicamente en sus palabras: “No es una frase desafortunada, ni un mal día. No es una confusión. Es una decisión política asumida y defendida. Y es una decisión que afecta directamente a la seguridad de las víctimas y de la que tendrá que dar también explicaciones el presidente Rueda, como pidió ayer nuestro portavoz”, manifestó.
La diputada advirtió de que esta postura “coloca la Xunta en un terreno que un gobierno responsable no debería pisar nunca: lo de la utilización de mujeres en riesgo como elemento de presión partidaria”. Añadió, además, que “cuando lo que está en juego son venidas, no hay margen para tácticas políticas”.
En esta línea, Paloma Castro subrayó que “el presidente tiene que decidir si se garantiza de forma inequívoca la protección de las víctimas o se las convierte en una variable de una negociación política” y remarcó que “no hay término medio. Con esto no se juega, como dijo ayer Besteiro”.
Por todo ello, la portavoz socialista reiteró la demanda de comparecencia urgente de Diego Calvo en el Pleno del Parlamento, con el fin de que “explique sin evasivas cuál es la postura real del Gobierno gallego y cuáles son las garantías efectivas para las mujeres en esta situación”.
“El mensaje institucional debe ser claro, porque en Galicia las mujeres en riesgo deben de estar protegidas sin condiciones, sin amenazas y sin cálculos políticos. Cualquiera otra postura es inaceptable”, concluyó.