El PP de Baleares plantea incorporar al proyecto de ley de aceleración de proyectos estratégicos una extensión del uso de las declaraciones responsables y de las comunicaciones previas, pero a la vez endureciendo el régimen sancionador cuando se detecte falsedad o incumplimiento.
Estas propuestas forman parte del paquete de enmiendas que la formación ha registrado este jueves en el Parlament y que requerirán el respaldo de otros grupos para incorporarse al texto legal.
Los 'populares' aspiran a introducir varios cambios sobre la normativa que fue convalidada meses atrás como decreto, con la intención de rebajar cargas burocráticas y facilitar la puesta en marcha de nuevos servicios sociales.
En el ámbito de la simplificación administrativa, según ha explicado el PP en un comunicado, las enmiendas pretenden un “cambio de modelo profundo” apoyado en una mayor utilización de las declaraciones responsables y de las comunicaciones previas.
Según la justificación del partido, este esquema permitiría que ciudadanos y empresas comiencen actividades o ejerzan derechos sin esperar a autorizaciones administrativas sometidas a “trámites largos”.
El modelo que defienden los 'populares' se apoya en un principio de confianza con responsabilidad, semejante al sistema de la declaración de la renta: primero el ciudadano afirma que cumple las condiciones y, posteriormente, la administración verifica que así sea.
Si se detecta falsedad o incumplimiento, el PP plantea reforzar y aumentar las sanciones, incluyendo la opción de sustituir la actividad del infractor.
Asimismo, las enmiendas persiguen que las declaraciones responsables no solo sirvan para iniciar actividades, sino también para reemplazar documentación dentro de los procedimientos administrativos.
Otro de los aspectos que los 'populares' quieren incorporar a la ley de aceleración de proyectos estratégicos es la “colaboración social administrativa”, con el fin de agilizar los trámites mediante la intervención de entidades colaboradoras de certificación.
Estas entidades, que podrán ser colegios profesionales, cámaras de comercio u otras organizaciones acreditadas, asumirían funciones de comprobación documental, emisión de certificaciones y validación de requisitos técnicos.
De esta manera, cuando una persona presente documentación acompañada de una certificación emitida por estas entidades, la administración podrá considerarla completa y correcta desde el primer momento.
Atención ciudadana y servicios sociales
Las enmiendas también incluyen cambios en el modelo de atención a la ciudadanía, reorganizando el sistema y distinguiendo entre oficinas de asistencia en materia de registros —como puntos generales de entrada— y oficinas de atención especializada, centradas en áreas concretas.
Según el PP, este esquema permitiría una atención “más clara, cercana y eficaz”, al facilitar tanto la información como la tramitación de expedientes.
Además, se prevé la creación de un registro de funcionarios habilitados para asistir directamente a los ciudadanos en gestiones electrónicas, como la identificación, la firma digital o la presentación de solicitudes.
Otra parte de las propuestas se orienta a “eliminar trabas administrativas” en la puesta en marcha de nuevos servicios sociales, por ejemplo, simplificando el régimen de autorización y acreditación de estos recursos.
Con ello se sustituirían controles previos que el partido considera “excesivamente burocráticos” por mecanismos más ágiles, nuevamente basados en las declaraciones responsables.
Según los 'populares', este enfoque permitiría acelerar la apertura de residencias, centros de día o recursos de alojamiento y atender mejor la creciente demanda en ámbitos como la dependencia, la discapacidad o la atención a personas mayores.
Al mismo tiempo, pretenden introducir medidas para garantizar la supervisión de los servicios sociales mediante inspectores, con el objetivo de que la reducción de burocracia no suponga una “reducción de las garantías”.
Las enmiendas contemplan también que la Renta Social Garantizada (Resoga) se actualice conforme al IPC y prevén instrumentos para evitar que las entidades que atienden a colectivos vulnerables se vean obligadas a interrumpir su actividad.
Legalización de viviendas en suelo rústico
El PP aprovecha además para plantear una enmienda sobre la legalización de viviendas en suelo rústico, materia ya incluida en la ley de simplificación administrativa aprobada en 2024.
En concreto, la modificación afecta a la disposición adicional séptima de dicha ley, con el fin de eliminar el silencio administrativo positivo. La redacción propuesta por los 'populares' fija que, si en un plazo de seis meses no se ha notificado resolución, la solicitud se entenderá desestimada por silencio negativo.
Este punto del silencio positivo fue precisamente uno de los argumentos del recurso de inconstitucionalidad presentado por los partidos de izquierda y el Fòrum de la Societat Civil contra la ley de simplificación, recurso que el Tribunal Constitucional admitió a trámite.