Los grupos de la oposición en el Parlament han reclamado al Govern que intervenga para no “dejar tirados” a los inquilinos tras la caída, en el Congreso, del decreto sobre las prórrogas de los contratos de alquiler. Frente a estas críticas, el PP ha puesto el acento en las deducciones fiscales impulsadas desde la Comunidad Autónoma.
Los portavoces han fijado su posición en las ruedas de prensa posteriores a la Junta de Portavoces, a propósito de la votación de este martes en la Cámara baja que provocó el rechazo definitivo de la norma.
El diputado del PSIB Marc Pons ha estimado que la decisión puede perjudicar en Baleares a unas 40.000 familias y ha acusado al PP de “no apoyarlas” y de dejarlas a merced de “grandes tenedores, bancos y fondos buitre”.
Por este motivo, ha reclamado que se les dé una “respuesta” para evitar que sus rentas pasen de 800 a 1.500 euros al mes, algo que, a su entender, evidencia una “falta de sensibilidad y humanidad evidentes”.
Pons ha defendido que ahora es el momento de aplicar el tope de precios que contempla la ley estatal de vivienda, con el fin de “dar cobertura” a los arrendatarios ante una situación que ha calificado de “evitable”.
En términos similares se ha expresado el diputado de Més per Menorca, Josep Castells, que ha señalado también a Vox, Junts y el PNV por no respaldar el decreto.
Castells ha subrayado que hay “miles de familias” pendientes de que “les echen de su casa” por una subida “brutal” de los alquileres, lo que, a su juicio, configura un escenario de “emergencia social”.
El parlamentario ha tildado de “muy triste” que se rechazara un decreto que planteaba un “pequeño sacrificio” a los propietarios para que continuaran cobrando “lo mismo” que en los últimos años durante dos años adicionales.
Según ha dicho, muchas familias viven ahora con una “espada de Damocles” sobre sus cabezas, pese a que la iniciativa no incluía “ninguna expropiación, ni una medida exagerada”. Por ello, ha urgido al Govern a que dé un “respiro” mediante la aplicación de la ley de vivienda, advirtiendo de que, de no hacerlo, “centenares de miles de familias se queden en la calle”.
Desde el PP, su portavoz parlamentario, Sebastià Sagreras, ha contestado que se trata de “medidas populistas” que pretenden cargar el problema de la vivienda “a las espaldas de los propietarios” después de haberlo “empeorado” durante las legislaturas de gobiernos de izquierdas.
En esta línea, ha reivindicado que los dueños de inmuebles han acabado asumiendo la “función social” que debería ejercer el Govern, tras los años del Pacte en los que los precios de venta y alquiler en Baleares aumentaron “como en ninguna comunidad autónoma”.
Sagreras ha recalcado que “desde el PP siempre se ha visto a los propietarios como parte de la solución y, en lugar de enfrentarlos a los inquilinos, se presentan medidas en positivo como las deducciones a los propietarios que, al acabar el contrato, no suban el precio”.
El portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha manifestado que lamenta “profundamente” el resultado de la votación en el Congreso, al considerar que ha dejado “desprotegidos a decenas de miles de ciudadanos de Baleares”.
Por ello, ha instado al Govern a que “tome las medidas necesarias” para que quienes sufran incrementos del alquiler referenciados al precio de mercado “no queden en la calle”. “Los precios se pueden actualizar de 700 a 1.200 euros, un incremento inasumible para la mayoría de familias”, ha advertido.
Vox admite que “no estuvo pendiente” de la votación
La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, ha reconocido que este martes “no estuvo pendiente” de la votación en el Congreso que tumbó el decreto-ley que contemplaba la prórroga de los contratos de alquiler.
Asimismo, ha admitido que “no sabía” qué se había rechazado, dado que “no se había leído” la propuesta concreta. En contraste, ha defendido que las propuestas de Vox pasan por “no dar ayudas” o, en su caso, conceder “ayudas puntuales a los nacionales” y liberar la máxima superficie de suelo posible, ya que, a su juicio, lo que se precisa es “construir”.
“Libera, construye y deja de dar ayudas, que se está creando un país de subvencionados y de gente que vive de unas pagas que no se crea personas autónomas o que se valgan por sí mismas con su sueldo”, ha sostenido.
Cañadas ha remarcado que los propietarios “no son onegés” y que alquilan sus viviendas “para ganar dinero”, por lo que ha reclamado que “no se obligue a los propietarios a asumir los fracasos políticos”.
Apelando a la ley de la oferta y la demanda, ha pronosticado que los alquileres bajarán si se incrementa la construcción de vivienda. Preguntada por la etapa de la burbuja inmobiliaria, cuando los precios subieron pese al fuerte ritmo edificador, ha respondido que entonces “todo el mundo se pudo comprar una vivienda” y que “no recuerda” esos niveles de alquiler. “Todo el mundo tenía acceso a una vivienda, no como ahora que se construye vivienda de lujo y nadie tiene acceso”, ha añadido.
Acusaciones del PSIB por “ocultación de información”
Marc Pons ha explicado también que el PSIB ha registrado dos escritos de queja dirigidos a la Mesa del Parlament y a la Junta de Portavoces por la actitud del Govern en materia de transparencia.
Según ha denunciado, el Ejecutivo está “obligado” a remitir determinada documentación pero, de forma “deliberada”, opta por la “ocultación de información” y la “no remisión” a los grupos de la oposición.
La primera queja se refiere a la contestación del vicepresidente del Govern, Antoni Costa, sobre los datos solicitados por el diputado Carles Bona relativos a un expediente de autorización del San Pablo-CEU. Pons ha acusado al Ejecutivo de “negarse” a facilitar el expediente, pese a que debe entregar la documentación en el plazo máximo de un mes desde la petición.
La segunda queja se ha presentado por la negativa de la vicepresidenta segunda, Antònia Estarellas, a facilitar el informe de la Comisión de Ética sobre la presunta incompatibilidad del conseller del Mar y del Ciclo del Agua, José Manuel Lafuente, y el cumplimiento de la Ley de Buen Gobierno. Se trata de un documento que se debatió y valoró en febrero pero que “todavía no se ha hecho público”.
Ante estos hechos, Pons se ha preguntado si el PP tiene “alguna intención” al “oculta toda esta documentación” y ha avisado de que el PSIB empieza a albergar “sospechas” de que la acción de gobierno pretende “proteger malas actuaciones que no se corresponden con el Código Ético”.
Por otra parte, el portavoz adjunto del PSIB ha criticado que el “odio” y el “racismo” de Vox generan situaciones incluso “contradictorias” con los objetivos perseguidos por algunas de sus medidas. Como ejemplo, ha citado la decisión del Consell de Mallorca de condicionar las ayudas sociales a acreditar cinco años de residencia continuada en la isla.
Ha considerado que se trata de una medida “impuesta” por Vox y ha señalado que, con los criterios aprobados, una persona de Marruecos o Sudamérica con más de cinco años viviendo en Mallorca “tendrá derecho en una ayuda social pero, en cambio, una persona que haya venido de Andalucía, Murcia o Extremadura, que solo lleve dos años viviendo en Mallorca, no la tendrá”.
Según ha añadido, algo similar podría ocurrir con una persona de Mallorca que se haya desplazado a estudiar a Cataluña y no pueda justificar cinco años seguidos de residencia en la isla, o con un residente de Menorca o Eivissa que se traslade a Mallorca.