El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha reducido el alcance de la encuesta sociológica de la Universitat de les Illes Balears (UIB) a un "error" y a una "iniciativa concreta" de un docente, sin respaldo institucional.
Así ha contestado el miembro del Govern a la interpelación de la diputada de Vox Patricia de las Heras, planteada este martes durante el Pleno del Parlament en relación con este cuestionario.
Vera ha explicado que el sondeo no respondía a ninguna instrucción oficial de la UIB y que el Comité de Ética no había avalado la propuesta, ya que emitió un informe desfavorable, pese a tratarse de una encuesta de participación no obligatoria.
Según ha detallado, en el momento en que se detectó que el formulario se había difundido y se advirtió que podía vulnerar la normativa de protección de datos, al solicitar identificación personal y recabar información sobre orientación política y creencias personales, se ordenó detener la encuesta, exigir la destrucción de la información recabada y analizar las posibles responsabilidades derivadas.
"No se puede obligar a ningún estudiante a revelar su ideología ni directa, ni indirectamente; no se puede condicionar la actividad académica a la manifestación de preferencias políticas y no se puede poner en riesgo la confianza que tiene que existir entre estudiantes e instituciones públicas", ha subrayado el conseller.
Asimismo, ha recordado que el derecho al voto es "secreto" y "fundamental" en la Constitución, y constituye una parte "esencial" de la libertad ideológica, de modo que el tratamiento de este tipo de datos únicamente puede realizarse con una base jurídica "clara" y con "consentimiento explícito" de los órganos competentes, respetando siempre el principio de "voluntariedad y anonimato real".
Por otro lado, De las Heras ha señalado que este episodio le genera "dudas sobre la imparcialidad de la UIB" y ha insistido en que se trata de un caso "único", porque no consta ningún otro supuesto en el que se haya intentado "revelar el voto bajo coacción académica".
Al mismo tiempo, ha advertido de que una práctica así convertiría a la universidad en una institución que "invade la privacidad más íntima de los jóvenes" y "violaría derechos fundamentales" propios de la democracia.
En esta línea, ha planteado si podría tratarse de un supuesto de "adoctrinamiento encubierto" o si se habría recurrido a fondos públicos para "perfilar políticamente a los estudiantes".
Vera ha reclamado que no se utilice este "error" del profesor para provocar un "descrédito general" del sistema universitario y ha puesto en valor que la UIB haya actuado para salvaguardar los derechos del alumnado.