QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Este lunes, el Parlament ha dado luz verde a la nueva Ley de obtención de suelo a través de Proyectos Residenciales Estratégicos (PRE), en medio de acusaciones de fallos en la tramitación por parte de grupos de izquierda, quienes han anunciado que llevarán el caso ante el Tribunal Constitucional por presunta vulneración de derechos parlamentarios.
La legislación, impulsada por PP y Vox, establece un estado de emergencia habitacional en Baleares y permite la ejecución de los PRE tanto en zonas de transición rural cerca de Palma y ciudades con más de 20,000 habitantes, como en áreas urbanas o urbanizables de localidades con más de 10,000 residentes.
Además, se ha acordado mediante enmiendas entre PP y Vox la utilización de suelo rústico antes de recurrir al urbanizable y expandir las legalizaciones en áreas rurales de la Serra de Tramuntana, un territorio protegido, con un período de prescripción de ocho años.
La aprobación de la norma se ha visto acompañada de protestas frente al Parlament de varios grupos, como el GOB y la Federació de Veïns de Palma, que critican las políticas consideradas desreguladoras y ultraliberales de PP y Vox.
La izquierda ha pedido detener el plenario, argumentando irregularidades en el proceso y señalando que el contenido final votado no refleja lo debatido en comisión, destacando la inclusión del artículo 7, previamente eliminado en comisión.
Antes de la votación, Iago Negueruela, portavoz del PSIB, solicitó clarificaciones sobre esta anomalía, considerándola grave. ‘En comisión no se votó el artículo 7 bis y ahora en el seguimiento aparece el 7 bis y no se ha votado en comisión, lo cual supone un incumplimiento grave y al menos quiero que conste en acta por lo que pueda suponer efectos de recursos’, explicó.
Josep Castells, de Més per Menorca, pidió leer uno de los artículos para clarificar el voto. Tras la votación por llamamiento de los artículos controversiales, Apesteguia de MÉS per Mallorca votó inicialmente ‘sí’ por error, provocando risas entre los diputados.
En el debate, Iago Negueruela criticó que la ley favorece a los promotores en lugar de aumentar la vivienda para los residentes, y predijo un aumento del 33% en el costo de las viviendas de precio limitado. Mientras, Cristina Gómez de Unidas Podemos y Ferran Rosa de MÉS per Mallorca condenaron la ley como una medida que fomenta la especulación y no alivia la crisis habitacional.
Por otra parte, Sergio Rodríguez de Vox negó que la ley esté vinculada a negociaciones presupuestarias y defendió la necesidad de viviendas para residentes locales. Margalida Pocoví del PP defendió la ley como un orden necesario frente a años de inacción, asegurando que no incrementará la construcción en la Serra de Tramuntana y que facilitará vivienda asequible.
