En Baleares, 2.199 personas aguardan para recibir la Renta Social Garantizada (Resoga), superando a los 2.052 beneficiarios actuales, según los últimos datos a septiembre. Lo ha explicado Sandra Fernández, consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, durante su intervención en la Comisión de Asuntos Sociales del Parlament.
Fernández se presentó de forma voluntaria para informar sobre una auditoría interna que reveló pagos indebidos de entre 1,6 y 2,4 millones de euros en la Resoga, anunciados previamente en una rueda de prensa. Los afectados deberán reembolsar estas cantidades, derivadas del análisis de más de 4.000 expedientes del sistema de gestión Resoga 20.
La consellera destacó las medidas adoptadas para corregir y prevenir nuevas irregularidades administrativas y actualizó sobre el estado de las prestaciones, mencionando que los retrasos en las listas de espera pueden alcanzar hasta seis meses, especialmente en solicitudes incompletas.
«Sí que es cierto que estamos encontrando muchas dificultades en aquellas solicitudes en las que existen requerimientos, porque incluso en algunos casos no recibimos contestación», comentó Fernández. Marta Carrio, diputada de MÉS per Mallorca, cuestionó la justificación de tener más solicitantes en espera que beneficiarios actuales, criticando la asignación de recursos públicos por parte del Govern.
Además, Fernández subrayó que el reembolso de los pagos indebidos a familias vulnerables es su principal «preocupación». Insistió en que el impacto de estas devoluciones es una preocupación mayor que las cantidades en sí, debido a la situación de vulnerabilidad de los afectados. «No es una cuestión de cantidad sino de cómo va a afectar a muchísimas familias que ahora les tenemos que solicitar un reintegro, y eso evidentemente es un problema para muchísimas familias, sea un euro o 5.000. Porque son familias que seguramente seguirán en situación de vulnerabilidad y esta es la principal preocupación que podemos tener ahora mismo», enfatizó.
Respondiendo a críticas, aseguró que la administración no ha culpado a los beneficiarios por los errores de gestión y reafirmó el compromiso del Govern con la continuidad de la renta social. «De hecho, creímos en ella desde el primer momento», afirmó la consellera, quien abogó por una revisión de la ley para evitar futuros errores.