La diputada de Podemos Ione Belarra ha presentado en el Congreso de los Diputados una pregunta por escrito dirigida al Gobierno de España, con la que reclama respuestas inmediatas ante el desalojo de más de 200 personas que residían en la antigua cárcel de Palma.
Podemos sitúa este desalojo en un contexto de crisis habitacional "sin precedentes", especialmente acusada en Palma, donde se multiplican las viviendas destinadas al alquiler turístico ilegal mientras los recursos públicos de acogida se encuentran saturados.
La formación alerta también de que la finalización de las medidas del llamado "escudo social" puede derivar en un aumento de los desahucios y de las situaciones de sinhogarismo.
En su iniciativa, el grupo parlamentario subraya que el derecho a una vivienda digna figura en el artículo 47 de la Constitución Española y recuerda que el Gobierno central tiene la obligación de coordinar las políticas de vivienda y de protección social.
Entre otras cuestiones, Podemos interpela al Ejecutivo sobre si prevé paralizar el desalojo hasta que se garantice una alternativa habitacional para todas las personas afectadas; qué actuaciones urgentes adoptará para impedir su exclusión residencial inmediata; si está dispuesto a trabajar conjuntamente con el Ayuntamiento de Palma para asegurar viviendas dignas y estables; y qué instrumentos activará para mejorar la coordinación entre administraciones ante la saturación de los servicios sociales.
Asimismo, la formación reclama detalles sobre las medidas previstas para agilizar la regularización extraordinaria de personas en situación administrativa irregular afectadas por desalojos masivos, así como sobre posibles campañas de acompañamiento, asesoramiento y difusión que permitan garantizar que ninguna persona quede fuera de estos procedimientos.