El próximo martes, en el último pleno del actual periodo de sesiones del Parlament, se someterá a debate y, salvo sorpresa, a aprobación definitiva el decreto para agilizar la tramitación de proyectos, después de que el Govern alcanzara un acuerdo con Vox sobre el texto que salió el pasado viernes del Consell de Govern.
La iniciativa normativa verá la luz casi tres meses después de que Vox la rechazara por primera vez en la Cámara autonómica y tras suprimir, a instancias de la formación de Santiago Abascal, la opción de que los proyectos de energías renovables pudieran acogerse al procedimiento de aceleración previsto.
Según detalló el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, el nuevo redactado es esencialmente el mismo que se validó hace tres meses, aunque con “ligeras modificaciones”.
El decreto impulsa y regula la Unidad Aceleradora de Proyectos Estratégicos (UAPE), que quedará adscrita a la Oficina de Planificación y Coordinación de Inversiones Estratégicas. No obstante, a petición de Vox, la versión que llegará al último pleno del año suprime las Zonas de Interés Autonómico Energético (ZIAE), así como los cambios contemplados en la ley de carreteras y en la normativa de cambio climático.
El portavoz del PP, Sebastià Sagreras, ha subrayado que este decreto de aceleración se sumará al conjunto de iniciativas que el Govern ha conseguido sacar adelante en el Parlament, frente al discurso de la izquierda, que insiste en denunciar una situación de bloqueo y parálisis institucional.
Desde el PSIB, su portavoz adjunto, Marc Pons, ha recalcado que el texto que se debatirá el martes en el pleno “no es el que quería el Govern, sino el que Vox pedía”. Además, ha sostenido que “En este Parlament sólo se aprueba lo que Vox quiere, cuando Vox quiere y en las condiciones que Vox quiere, no cuando quiere el Govern ni en las condiciones que quiere el Govern ni cómo lo pedía el Govern”, remarcando así el peso decisivo de la formación en la configuración final del decreto.










