La consellera de Salud, Manuela García, ha cuantificado en 7,2 millones de euros el impacto económico de la huelga médica contra el Estatuto Marco en Baleares.
Según ha remarcado durante el pleno del Parlament, ese dinero podría haberse utilizado para incorporar más personal sanitario, poner en marcha nuevos centros o reforzar la compra de tecnología para el sistema de salud.
En su intervención, la consellera ha acusado al PSIB de tratar de desviar el foco de la huelga médica contra el borrador del Estatuto Marco y de hacer “demagogia” con las cuestiones planteadas en la Cámara autonómica.
García ha respondido así a las diputadas socialistas Teresa Suárez y Patricia Gómez, que han criticado con dureza la actuación del Govern en materia de salud mental y en la atención primaria.
Suárez ha sostenido que la consellera “tendría que dimitir” ante el “caos” en el que, a su juicio, se encuentra la sanidad pública de las Islas. “Dimita, será el favor que le haga a los ciudadanos”, ha afirmado Gómez.
Por su parte, García ha cargado contra la gestión del anterior Ejecutivo autonómico y contra el Gobierno central por la situación derivada de la huelga médica, recordando que los 16 días de paros han provocado ya más de 50.000 citas y operaciones suspendidas.