La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, ha insistido en que la flexibilización del requisito de catalán acordada con Vox en 2025 y anunciada ayer por este grupo no se aplicará a las plazas que prestan atención directa a la ciudadanía.
“El catalán continuará siendo un requisito en carácter general para acceder a la función pública”, ha señalado durante el pleno de este martes, precisando que las exenciones pactadas se limitarán a puestos deficitarios que no impliquen trato con el público.
Tal y como ha subrayado, el requisito lingüístico se rebajará o suprimirá en aquellas categorías en las que, por la propia naturaleza del puesto, no se haga uso de la competencia en catalán ni exista relación directa con la ciudadanía, así como en determinadas plazas docentes deficitarias, donde será obligatorio acreditarlo “pasado un tiempo”.
Cabrer ha justificado este ajuste normativo frente a las críticas de la diputada socialista Amanda Fernández, que ha acusado a la presidenta del Govern, Marga Prohens, de “ceder” ante Vox.
Fernández ha cuestionado las consecuencias prácticas de la medida: “Cuándo los profesionales no entiendan a alguien que hable en catalán, que será ¿libertad, opresión o derecho a la ignorancia?”, ha planteado, recordando además que desde hace tres años no se exige el requisito en el ámbito sanitario y que, a su juicio, los servicios están “peor que nunca”.