El Parlament balear ha ratificado, con los 31 votos favorables de PP y Vox, el decreto de aceleración de proyectos estratégicos, lo que implica el desbloqueo del traslado de residuos de Ibiza a Mallorca.
El pleno de este martes ha vuelto a someter a debate la convalidación de esta norma después de que el pasado 30 de septiembre Vox la rechazara, pese a haber sido aprobada inicialmente por el Consell de Govern.
Tras aquella primera negativa, y con la votación fallida del techo de gasto de por medio, el Govern autonómico reabrió el diálogo con Vox para recuperar el decreto. El acuerdo llegó una vez suprimida la opción de acelerar los proyectos de energías renovables, que finalmente seguirán la tramitación ordinaria.
Para la formación de Santiago Abascal era condición indispensable borrar cualquier alusión --aunque fuera indirecta y no figurara de forma literal en el articulado-- a la Agenda 2030, objetivo que consideran logrado en la nueva redacción.
El pasado 5 de diciembre el Consell de Govern aprobó de nuevo el decreto, con “ligeras modificaciones”, y este martes ha obtenido el respaldo definitivo de la Cámara autonómica.
A propuesta del PP y con el apoyo de Vox y del PSIB, el decreto se tramitará ahora como proyecto de ley.
“Un cambio profundo” en la gestión de proyectos
El conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha defendido en el hemiciclo un texto que, a su juicio, implicará “un cambio profundo en la manera en la que la administración entiende y gestiona los proyectos estratégicos” y facilitará avanzar en “la transformación del modelo económico”.
“Por primera vez tendremos un marco normativo único, coherente y claro que sustituye una regulación dispersa y muchas veces confusa, marca unas reglas del juego previsibles tanto para el sector público como el privado”, ha subrayado.
Según ha recalcado, esto resulta “fundamental para dar credibilidad institucional” en un escenario en el que Baleares “compite en un entorno cada vez más exigente en el que el talento, la inversión y los proyectos transformadores comparan territorios, administraciones y capacidad de respuesta”.
“Baleares arrastra desde hace demasiado tiempo una dificultad estructural para ejecutar proyectos clave dentro de plazos razonables”, ha añadido.
El vicepresidente primero del Govern ha aludido también al intento fallido de convalidación de septiembre y ha celebrado que PP y Vox hayan logrado consensuar una nueva versión del decreto.
“Cuando hace unos tres meses este mismo decreto no obtuvo la mayoría necesaria de la Cámara algunos quisieron hablar de un supuesto bloqueo de la legislatura e instalar la idea de que ya no sería posible llegar a acuerdos. Pero hemos continuado negociando y dialogando, especialmente con nuestro socio preferente”, ha recordado.
Posturas enfrentadas en el hemiciclo
La portavoz de Vox, Manuela Cañadas, ha mostrado su satisfacción por haber eliminado “el caballo de Troya de la Agenda 2030” y por lograr “una depuración radical” de un decreto que, en su opinión, “solo buscaba favorecer a las energías renovables”.
“Hemos evitado que Baleares acabe como Andalucía, donde el gobierno del PP está talando olivos para instalar campos de placas solares”, ha señalado.
Desde el PP, el diputado Jordi López ha expresado su “firme convicción” de que la nueva regulación permitirá “acabar con una burocracia excesiva que durante años ha actuado como freno del progreso”.
Ha asegurado que lo hará sin suprimir “controles ni garantías, solo duplicidades y procedimientos que paralizan y ahogan la iniciativa económica”.
Los grupos de izquierda han votado en contra. El socialista Llorenç Pou ha reprochado al Ejecutivo haber aceptado la supresión de todas las disposiciones medioambientales que figuraban en la primera versión.
“Siempre tiran su línea roja atrás, atrás y atrás”, ha lamentado. También ha tildado de propio de “iluminatis” pretender que con un único decreto se logrará “transformar el modelo económico”.
El diputado de MÉS per Mallorca, Ferran Rosa, ha acusado a Costa de “incapacidad negociadora” por ceder a las exigencias de Vox y ha puesto en duda los efectos reales de la norma.
“No sabemos cuáles son las inversiones que se quieren atraer”, ha apuntado el ecosoberanista, que ha criticado además la “pereza” legislativa del Govern por recurrir a la figura del decreto pese a que las medidas no son de carácter urgente.
El portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, ha opinado que el decreto responde “un modelo muy anticuado, el de ‘Bienvenido, Mister Marshall’, de que vengan de fuera con muchos millones a invertir en Baleares” mientras, según ha denunciado, se deja de lado a las iniciativas pequeñas y de ámbito local.
El diputado de Unidas Podemos, José María García, ha censurado al Ejecutivo autonómico por someter el texto “por el filtro del negacionismo climático y energético de la ultraderecha”.
Residuos de Ibiza: traslado temporal a Mallorca
Entre sus efectos prácticos, el decreto da cobertura jurídica al acuerdo entre los consells insulares y el Govern para el envío temporal de residuos de Ibiza a Mallorca, un movimiento que podrá iniciarse de forma inmediata y con plenas garantías legales.
El pacto responde al agotamiento de la capacidad del vertedero de Ca na Putxa y habilita a los consells de Ibiza y Mallorca para pactar las condiciones concretas del transporte de residuos.
Antes de que la medida se aplique de forma estable, el texto prevé una prueba piloto. Como compensación por recibir y tratar los residuos que hasta ahora se depositaban en Ca na Putxa, el Consell de Mallorca percibirá una aportación de 50 millones de euros del Govern, repartida en diez anualidades.
Proyectos de interés estratégico y unidad aceleradora
De forma más amplia, la norma convalidada crea la figura de los Proyectos de Especial Interés Estratégico (PEIE), pensada para agilizar, simplificar y acompañar la tramitación de proyectos tanto públicos como privados.
Asimismo, regula la Unidad Aceleradora de Proyectos Estratégicos (UAPE), que funcionará como oficina técnica de apoyo para impulsar y seguir los PEIE de iniciativa privada.
Un proyecto privado podrá ser declarado PEIE por dos vías: por cumplir determinados umbrales de inversión según el sector (0,5 millones en iniciativas agrarias; 3 millones en innovación, investigación, salud, educación o ciclo del agua; o 10 millones en el resto de actividades) o por alcanzar ciertos niveles de empleo estable (20 o más puestos de trabajo a jornada completa al año; diez o más en sectores o áreas de difícil cobertura; cinco o más en proyectos agrarios; o el mantenimiento de 25 o más empleos en riesgo).
A cambio, los PEIE disfrutarán de tramitación preferente y de una reducción de cargas administrativas, con plazos que en muchos casos se acortarán hasta la mitad, además de un acceso prioritario a financiación y ayudas públicas.
En el ámbito del sector público, se suprime la caducidad a los dos años de la declaración PEIE, y el alcance de la figura se amplía a todo el sector público autonómico e insular, incluidas entidades como las fundaciones.
Junto a los municipios de Palma e Ibiza, que mantienen y simplifican sus propias declaraciones, el resto de entidades locales podrán solicitar la condición de PEIE para inversiones vinculadas al ciclo del agua, la eficiencia energética o el tratamiento de residuos. La Administración General del Estado también podrá pedir esta declaración a través de la conselleria competente.