El pleno del Parlament ha dado luz verde a una propuesta del PP con la que expresa su rechazo a la política fiscal que aplica el Gobierno a los trabajadores autónomos.
El diputado 'popular' Jordi López ha defendido la PNL, subrayando que ser autónomo "no puede suponer vivir en una incertidumbre permanente". "Decimos basta a una política estatal que castiga al autónomo y exigir que se cumpla lo prometido", ha afirmado durante su intervención.
Según el texto aprobado, la Cámara muestra su oposición a la política fiscal del Ejecutivo central hacia los autónomos, que en los últimos siete años se ha traducido en "una creciente carga impositiva, incertidumbre y falta de estabilidad normativa".
La iniciativa sostiene que "lejos de ofrecer seguridad y apoyo a quienes generan empleo y riqueza, el Gobierno mantiene a los autónomos sometidos a una presión fiscal desproporcionada que lastra la iniciativa emprendedora y el dinamismo económico local".
En consecuencia, el Parlament reclama al Gobierno que respete los compromisos asumidos con los autónomos en 2023 y que ponga en marcha de forma inmediata las reformas pendientes en materia de protección social, pluriactividad, conciliación y simplificación burocrática.
En esta misma línea, se solicita fijar un calendario concreto de seguimiento y evaluación de estas medidas, en coordinación y diálogo con las principales organizaciones representativas del colectivo.
Paralelamente, la Cámara insta al Govern a mantener, reforzar y ampliar las políticas de apoyo a los trabajadores por cuenta propia, con especial atención al programa de "cuota cero" y a las líneas destinadas a reducir cargas económicas, favorecer la consolidación empresarial, impulsar la digitalización, mejorar la formación y agilizar los trámites administrativos.
El Parlament también expresa su respaldo y reconocimiento a los autónomos, pequeños empresarios y emprendedores de las Islas, y reitera su compromiso de promover medidas municipales que favorezcan el autoempleo, la capacitación y la digitalización.
El acuerdo se remitirá al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a las asociaciones nacionales de autónomos (ATA, UPTA y Uatae), a la Confederación de Empresarios de Menorca y a las asociaciones de comerciantes de Baleares.