El Parlament ha reclamado al Gobierno central que ponga en marcha una “bajada generalizada” de impuestos dirigida a “todos los españoles”, con el fin de “reducir su esfuerzo fiscal” y favorecer el “desarrollo económico y la prosperidad para familias y empresas”.
Esta petición forma parte de una proposición no de ley (PNL) defendida este martes en la Comisión de Hacienda y Presupuestos por la diputada de Vox Patricia de las Heras, que ha salido adelante de forma parcial.
En la misma iniciativa, la Cámara autonómica insta también al Ejecutivo a que “repudie” el acuerdo alcanzado con Esquerra Republicana de Cataluña y a que renuncie a impulsar la reforma del sistema de financiación autonómica que se deriva de dicho pacto.
Además, el Parlament ha solicitado al Gobierno de España activar, a corto plazo, todos los instrumentos de coordinación necesarios para “avanzar hacia la igualdad y la eficacia de los servicios públicos de todos los españoles”.
Paralelamente, se ha reclamado al Gobierno central la supresión del “gasto político improductivo” asociado a estructuras “ineficientes, perjudiciales para la unidad nacional, duplicadas o sin funciones” que, según se denuncia, se habrían multiplicado con “el desarrollo del Estado autonómico” y sus “17 redes clientelistas”.
Estos apartados han sido aprobados con los ocho votos favorables de PP, Vox y el Grupo Mixto, frente al rechazo de PSIB y MÉS per Mallorca.
En cambio, una mayoría de 12 diputados de PP, PSIB, MÉS per Mallorca y el Grupo Mixto ha tumbado otros cinco puntos de la PNL de Vox, que ha sido la única formación que los ha respaldado.
Entre los puntos rechazados figuraba la demanda al Gobierno central de que vetara “todas las cesiones competenciales” y los acuerdos presupuestarios y de investidura con distintos partidos por “haber dañado la unidad, la igualdad, la prosperidad y el Estado del bienestar de los españoles”.
También se instaba al Ejecutivo a recuperar una “perspectiva nacional” de los servicios públicos y de la fiscalidad que asegure que las prestaciones “llegan a todos los españoles independientemente de la parte de España en que residan y garantizar así la calidad de los servicios públicos”.
Del mismo modo, se reclamaba poner fin a un modelo territorial que, a juicio de Vox, “ha privilegiado unas regiones por encima de otras” por motivos “exclusivamente políticos” y acometer una “profunda reforma” que garantice “la unidad nacional, la igualdad entre españoles y la solidaridad entre las regiones”.
Otro de los puntos planteaba pedir al Gobierno de España que dejara atrás un esquema “divisorio” y diseñado para “satisfacer a las élites políticas autonómicas y separatistas”, que a su entender habrían “fragmentando los servicios públicos en 17 sistemas independientes y descoordinados”.
Para ello, se considera “necesario” impulsar la recuperación “inmediata” por parte del Estado de las competencias en educación, sanidad, seguridad y justicia, así como suprimir las “fronteras artificiales” del Estado autonómico.
Finalmente, se instaba al Gobierno central a asegurar que los recursos públicos se destinan a las “necesidades reales” de los ciudadanos, dando prioridad a la “asistencia a las familias y a los españoles en situación de vulnerabilidad”.
Ayudas a deportistas de élite y familias numerosas
En la misma sesión se ha abordado otra PNL, en este caso impulsada por el PP y defendida por la diputada Sandra Palau, que ha sido aprobada por unanimidad.
En esta propuesta, el Parlament insta al Gobierno de España a modificar la normativa estatal que regula el título de familia numerosa, en concreto la Ley 40/2003 o, en su caso, los criterios interpretativos y de aplicación administrativa correspondientes.
La finalidad es que no se tenga en cuenta como renta, a efectos de concesión, mantenimiento o renovación del título de familia numerosa, las subvenciones, ayudas o compensaciones económicas de carácter público percibidas por hijos deportistas de alto nivel o de alto rendimiento que cursen estudios adecuados a su edad, siempre que dichas ayudas sean finalistas y se destinen específicamente al desarrollo de su actividad deportiva.
Asimismo, el Parlament pide que se recoja expresamente que estas ayudas no supongan un indicio de independencia económica, aunque superen los umbrales de renta fijados con carácter general, siempre que “no cubran los gastos ordinarios de manutención, vivienda y educación, y que el hijo dependa económicamente del núcleo familiar”.
También se reclama que se establezcan criterios homogéneos de aplicación en todo el territorio nacional, en coordinación con los órganos competentes en deporte, hacienda y políticas sociales, que permitan identificar el carácter finalista de estas ayudas y eviten interpretaciones dispares entre comunidades autónomas.
Por último, el Parlament solicita que el Gobierno de España garantice una aplicación “uniforme y equitativa” de la normativa estatal, con el objetivo de impedir situaciones de “desigualdad” entre familias según su comunidad autónoma de residencia y de asegurar la coherencia entre las políticas públicas de apoyo al deporte de alto nivel y las medidas de protección social a las familias numerosas.