El Parlament exige potenciar los Centros Ecoambientales y su implantación en todas las islas

El Parlament aprueba por unanimidad reforzar los Centros Ecoambientales y reclama un convenio autonómico específico para los monitores del transporte escolar.

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El Parlament ha reclamado al Govern que refuerce los medios humanos y técnicos del programa Centros Ecoambientales, incrementando el apoyo a los equipos de asesoramiento ya existentes, garantizando su implantación en todas las islas y promoviendo formación específica con materiales actualizados.

Esta petición forma parte de la proposición no de ley (PNL) defendida este jueves por la diputada del PP Maria de Lluc Fornas en la Comisión de Educación y Universidades del Parlament, una iniciativa que ha sido aprobada por unanimidad.

La propuesta también insta al Govern a revisar y actualizar los planes vigentes relacionados con el programa de Centros Ecoambientales, en coherencia con los trabajos que se llevan a cabo en el marco del Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad y del grupo de trabajo nacional, con el fin de “reforzar la coherencia, la sistematicidad y el alcance educativo en todas las dimensiones de la sostenibilidad”.

Asimismo, el Parlament ha pedido al Govern consolidar un sistema de indicadores comunes para la autoevaluación de los centros ecoambientales, armonizado con el que se impulsa a nivel estatal. Con ello se pretende valorar aspectos como la integración de proyectos ambientales, la implicación del alumnado y el impacto de las actuaciones, y publicar cada año resultados agregados que contribuyan a la mejora continua.

Otra de las medidas planteadas es la creación de mecanismos estables de cooperación con los Consells insulares y los ayuntamientos, dentro de sus respectivas competencias, para favorecer sinergias que refuercen la labor de los centros ecoambientales sin desvincularla de sus objetivos educativos.

Finalmente, la PNL propone impulsar iniciativas de reconocimiento y difusión de las buenas prácticas desarrolladas por los centros ecoambientales, con la finalidad de “fomentar la transferencia de experiencias y la visibilidad social del programa”.

Negociación del convenio de los monitores del transporte escolar

En otro punto del orden del día, el Parlament ha aprobado también por unanimidad una PNL presentada por el diputado del PSIB Àlex Pitaluga sobre la situación laboral de los monitores que acompañan al alumnado en el transporte escolar.

El texto reconoce la función “esencial” del personal acompañante del transporte escolar dentro del sistema educativo y defiende el derecho de este colectivo a desempeñar su labor con “dignidad, estabilidad y reconocimiento”.

Por ello, la Cámara insta al Govern a mantener el proceso de diálogo y negociación con los sindicatos, los representantes del colectivo y las empresas adjudicatarias, con el objetivo de redactar un convenio colectivo autonómico específico para el personal acompañante del transporte escolar.

En esta línea, se solicita que el futuro convenio establezca de forma “clara” el perfil profesional y las funciones de este personal, fijando un modelo de estabilidad contractual adaptado al calendario escolar, una estructura salarial “justa y coherente” con las responsabilidades asumidas —incluida la atención al alumnado con necesidades especiales— y mecanismos que garanticen los derechos laborales y eviten impagos o incumplimientos contractuales.

Además, el Parlament reclama al Govern la creación de un plan de formación “obligatorio y acreditado”, específico para esta función, que incorpore contenidos de primeros auxilios, protocolos de emergencia, gestión de conductas, seguridad en el transporte escolar y atención educativa inclusiva al alumnado.

Paralelamente, la Cámara pide que en las futuras licitaciones del servicio se introduzcan criterios sociales vinculantes orientados a la calidad, la profesionalización y la seguridad, y no únicamente criterios de tipo económico.

Por último, se requiere al Govern que ponga en marcha un mecanismo estable de supervisión e inspección, con capacidad de verificación y, en su caso, sanción, para asegurar que las empresas adjudicatarias cumplen tanto las obligaciones laborales como los estándares de calidad del servicio.