El pleno del Parlament ha aprobado iniciar la tramitación de una proposición de ley presentada por el PP que busca impedir que personas condenadas por acoso a menores puedan trabajar como docentes o desempeñar cualquier otra actividad profesional que suponga trato directo y habitual con menores.
La toma en consideración de la propuesta ha salido adelante con 50 votos a favor de todos los grupos de la Cámara y tres abstenciones por parte de Vox.
La iniciativa plantea modificar la ley 8/2021, de Protección integral a la infancia y la adolescencia ante la violencia (Lopivi). Si finalmente se aprueba en el Parlament balear, el texto será remitido al Congreso para su validación definitiva.
El cambio normativo busca ampliar los supuestos de inhabilitación automática para ejercer profesiones, oficios o actividades en las que exista contacto habitual con menores.
En la actualidad, estas inhabilitaciones se circunscriben principalmente a los delitos de carácter sexual y al tráfico de seres humanos. La proposición del PP pretende que se incluyan también los delitos de acoso a menores, maltrato y delitos de odio.
La diputada del PP Marga Durán, encargada de defender el texto, ha recalcado la necesidad de ofrecer a las familias mayores garantías sobre la protección y seguridad de sus hijos.
La propuesta llega al pleno tras el caso de un profesor condenado en Son Sardina, cuyo retorno al centro educativo al inicio del curso generó protestas entre las familias. Pese a ello, Durán ha insistido en que la ley no nace por un episodio concreto, sino que responde a una demanda más amplia de protección de los menores.
Según el PP, la normativa actual sitúa a la Conselleria de Educación y a los centros educativos “con las manos atadas y sin capacidad de actuar con la contundencia que la situación requiere”.
“Hacemos un llamamiento a todos los grupos a la responsabilidad compartida, a enviar un mensaje claro a la ciudadanía: que en aquello que afecta a la seguridad de los menores somos capaces de ir todos juntos”, ha señalado la diputada popular.
En esta línea, ha expresado su disposición a alcanzar acuerdos y a trabajar con el resto de formaciones para concretar técnicamente la propuesta y consensuar “la mejor redacción posible”.
La diputada del PSIB Amanda Fernández ha admitido que existe un vacío legal que “es importante subsanar apara dar seguridad a los menores y a sus familias”. Sin embargo, ha reprochado al PP que, a su juicio, presente esta iniciativa para “quedar bien”.
Desde MÉS per Mallorca también han respaldado la conveniencia de introducir esta reforma. Para la ecosoberanista Maria Ramon, “es bueno y necesario” extender a los delitos de odio y agresiones los requisitos que impiden ejercer profesiones vinculadas a menores.
En términos similares se ha expresado la menorquinista Joana Gomila, que ha destacado que la propuesta pretende “reforzar la seguridad de los menores y contribuir a prevenir conductas abusivas o delictivas”.
Gomila ha mostrado además su confianza en que la ley obtenga el apoyo suficiente de PP y PSOE en el Congreso para salir adelante. El diputado de Unidas Podemos, José María García, también ha respaldado la iniciativa al considerar que “los menores deben ser especialmente protegidos”.
El único grupo que no ha apoyado la toma en consideración ha sido Vox, que ha optado por la abstención al entender que la ampliación de los delitos debería abordarse “mediante un enfoque completo” y no de forma “parcial”, como, a su juicio, plantea este texto.
En este sentido, la diputada de Vox Manuela Cañadas ha criticado que se excluyan otros tipos delictivos, como los vinculados con el terrorismo, que considera que también deberían contemplarse en la reforma.