El Parlament balear, con el respaldo unánime de todos los grupos de la Cámara, ha instado a PortsIb a poner en marcha medidas sancionadoras contra los titulares de amarres que no hagan un uso efectivo de la plaza que tienen asignada en cualquiera de los puertos de Baleares.
Esta petición forma parte de una moción de Més per Menorca sobre el acceso de los residentes al mar, debatida y aprobada en el pleno parlamentario de este martes.
En el mismo texto se han aprobado otras propuestas, como exigir a PortsIb que haga públicas las listas de espera para conseguir un amarre, y que establezca un sistema de adjudicación que impida que la asignación quede al criterio discrecional del concesionario, de forma que se otorgue al usuario que mejor se ajuste a los requisitos fijados o que se dé prioridad a entidades de base asociativa o con una trayectoria consolidada en actividades sociales, deportivas y educativas.
Sin embargo, el Parlament ha rechazado, con los votos en contra de PP y Vox, los apartados que planteaban avanzar hacia un modelo que prime la gestión directa de los amarres "por encima de la concesión a operadores privados con ánimo de lucro" o la fijación de un precio máximo anual de 1.200 euros para los amarres de embarcaciones de siete metros, con una reducción proporcional para las de menor eslora.
Tampoco ha prosperado la propuesta de instar a PortsIb a "superar" el criterio de antigüedad en la lista para acceder a un amarre y reemplazarlo por otros parámetros que tengan en cuenta factores como el empadronamiento o el domicilio fiscal.
Según ha defendido el portavoz de Més per Menorca y promotor de la iniciativa, Josep Castells, esta modificación permitiría implantar "una cosa tan lógica como que los residentes y contribuyentes tengan prioridad en el acceso a un amarre".
"Amarres asequibles para la gente de aquí", ha remarcado, recurriendo a la expresión que suele utilizar la presidenta del Govern, Marga Prohens, cuando habla del acceso a la vivienda.
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