El Parlament ha instado al Govern a retirar cualquier tipo de ayuda económica o convenio a aquellas entidades que impulsen la regularización de migrantes que “hayan entrado en España de manera ilegal”, al considerar que “colaboran con la inmigración ilegal y el tráfico de seres humanos”.
Este planteamiento forma parte de una proposición no de ley (PNL) aprobada parcialmente en la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales del Parlament, defendida por el diputado de Vox Sergio Rodríguez.
La iniciativa también reclama al Gobierno central la “expulsión inmediata” de todos los extranjeros que hayan accedido de “manera ilegal” a España, así como de aquellos que, aun habiendo entrado de “manera legal, cometan delitos graves o hagan del delito leve su modo de vida”. Estos dos apartados han salido adelante con los siete votos favorables de PP y Vox, frente a los seis votos en contra de PSIB, MÉS per Mallorca y el Grupo Mixto.
La PNL incluía además otros puntos que han sido rechazados con los seis votos en contra de PSIB, MÉS per Mallorca y Grupo Mixto, las seis abstenciones del PP y el voto favorable de Vox. Entre ellos figuraba que el Parlament expresara su rechazo a la figura del arraigo como instrumento jurídico para permitir la residencia legal de personas que “hayan accedido de manera ilegal en España”.
Asimismo, se pedía al Gobierno de España que promoviera las reformas legales necesarias para impedir que ninguna persona que “haya entrado de manera ilegal” pueda lograr un permiso de residencia mediante el arraigo, así como introducir cambios normativos para “prohibir el empadronamiento de ilegales a los censos municipales”.
Paralelamente, se proponía que el Govern impulsara las modificaciones legales oportunas para que ninguna persona que “haya entrado de manera ilegal en España” pueda recibir ningún tipo de ayuda pública, además de establecer la “prioridad nacional” en el acceso a todas las ayudas sociales, prestaciones y recursos públicos gestionados por la comunidad autónoma.
Debate sobre el papel de Open Arms y las ONG de rescate
En la misma comisión se ha tumbado otra PNL, presentada por el diputado del PSIB Omar Lamin, que buscaba el reconocimiento de la labor desarrollada por Open Arms. La propuesta ha contado con seis votos a favor de PSIB, MÉS per Mallorca y Grupo Mixto, y con siete votos en contra de PP y Vox.
El texto pedía que el Parlament mostrara su reconocimiento y pusiera en valor la “tarea humanitaria” de Open Arms y de todas las organizaciones que realizan labores de rescate y protección de personas vulnerables en el mar, como “expresión de los valores de solidaridad, convivencia y respecto a los derechos humanos que definen a la sociedad balear”.
También se solicitaba una condena “firme e inequívoca” a cualquier discurso o declaración que “incite a la violencia o al odio contra las organizaciones y las personas que desarrollan tareas humanitarias”. En concreto, se reclamaba el rechazo a las palabras del presidente de Vox, Santiago Abascal, que instaba a “confiscar” o “hundir” embarcaciones de rescate, al entender que “incitan al odio, la violencia y la deshumanización” y “atacan directamente” la labor de Open Arms y otras entidades.
Otro de los puntos de la iniciativa pedía señalar el carácter “racista e inaceptable” de estas manifestaciones, que apuntan a colectivos vulnerables y “alimentan prejuicios, al criminalizar a personas migrantes que huyen de la guerra, el hambre y la pobreza”.
Además, se instaba a que el Parlament reafirmara el compromiso institucional de Baleares con la defensa de los derechos humanos y llamara al conjunto de las administraciones públicas a “trabajar de manera conjunta para garantizar que Baleares son tierra de derechos, de solidaridad y de dignidad humana”.
El diputado socialista ha criticado al PP por su “radicalización”, al considerar que su voto en contra supone una “validación” de las declaraciones de Abascal. Ha lamentado que “un partido de Estado, como tendría que ser el PP, se asemeje cada día más a la ultraderecha”.
Lamin ha instado al PP a “defienda el derecho en la vida” y a ser capaz de “ponerse en el lugar de las personas que deciden atravesar el Mediterráneo pese a saber que tienen más posibilidades de perder la vida que de llegar a tierra”, con el único objetivo de “tener una vida mejor”.
En esta línea, ha reprochado que “desaparezca el humanismo cristiano del PP” y ha sostenido que quienes dicen defender el derecho a la vida “demuestran una vez más su hipocresía al votar en contra de este derecho” y quedan como “una simple muleta de los ultras de Vox”.
El parlamentario socialista ha expresado su “sorpresa” porque el PP se haya desmarcado en una cuestión que, a su juicio, había sido hasta ahora de “gran consenso” entre las fuerzas políticas, como es “el respeto y la defensa de los derechos humanos”, y que ahora “no tienen el apoyo de los ‘populares’ por sus alianzas con la extrema derecha”.
Pacto europeo del Mediterráneo con enfoque insular
La PNL que ha logrado un respaldo más amplio ha sido la presentada por el PP, defendida por la diputada Cristina Gil, sobre el nuevo Pacto por el Mediterráneo. Esta iniciativa ha sido aprobada con diez votos a favor de PP, PSIB y MÉS per Mallorca, mientras que los dos diputados de Vox y el representante del Grupo Mixto se han abstenido.
Mediante esta propuesta, el Parlament reclama a la Comisión Europea que garantice que el nuevo pacto incorpore la dimensión insular y contemple “medidas específicas para afrontar los principales retos de las islas mediterráneas”.