La Comisión de Economía del Parlament ha dado luz verde a una proposición no de ley (PNL) del PSIB que plantea intensificar los controles y la vigilancia contra la pesca furtiva en las aguas de Eivissa y Formentera.
La propuesta, debatida este jueves en el seno de la Comisión de Economía, ha sido aprobada por unanimidad, según ha comunicado la Cámara autonómica.
El texto fija el compromiso del Parlament de instar al Govern a tener en cuenta las reivindicaciones y firmas registradas por el colectivo de pescadores recreativos de Eivissa, que reclaman avanzar hacia una regulación que permita compatibilizar la práctica de la pesca con la protección del medio marino.
El acuerdo reclama a las administraciones con competencias que refuercen los controles contra la pesca furtiva en las Pitiusas y que aumenten la presencia de inspectores, además de optimizar la coordinación operativa entre la Dirección General de Pesca, el Seprona y las cofradías de pescadores.
Asimismo, se ha acordado instar a las administraciones a reforzar las inspecciones en los negocios que venden o sirven productos pesqueros, comprobando el origen y la trazabilidad del pescado para asegurar que procede de caladeros legales y autorizados.
Por último, la Cámara balear pide al Govern que ponga en marcha campañas de sensibilización y formación sobre pesca responsable y trazabilidad.
En la defensa de la PNL, el diputado socialista Marco Guerrero ha advertido de que el furtivismo no sólo amenaza los ecosistemas marinos, sino que implica una competencia desleal “inaceptable” para los profesionales y restaurantes que actúan conforme a la ley.
En este sentido, ha subrayado la relevancia de dar respuesta a las peticiones del sector, especialmente del colectivo de pescadores recreativos, que ha reunido casi 4.000 firmas para exigir una regulación específica y sostenible.
Transición de diez años para la munición de plomo
La Comisión de Economía ha aprobado también este jueves una PNL del Grupo Popular mediante la cual el Parlament solicita al Gobierno de España que defienda ante las instituciones europeas la necesidad de un periodo de transición de, al menos, diez años para limitar el uso de la munición de plomo.
La iniciativa, que ha prosperado con el apoyo de PP y Vox y el voto en contra del resto de formaciones presentes, pide igualmente al Ejecutivo central que estudie “con profundidad” las alternativas existentes a la munición de plomo.
El acuerdo exige además un proceso de diálogo y de consulta cualificada con todos los sectores afectados, con el fin de acercar posturas y elaborar una propuesta estatal “coherente y equilibrada”.
Del mismo modo, insta al Gobierno a reclamar que la normativa europea incluya medidas de mitigación o compensación económica para cazadores, fabricantes y comerciantes que puedan resultar perjudicados.
La PNL plantea que el Ejecutivo impulse en Europa un enfoque “realista” que haga compatible la protección del medio ambiente con la seguridad, la viabilidad económica del sector y la autonomía estratégica de la UE.
El Parlament exige al Gobierno que se posicione en contra de la aprobación del reglamento relativo al registro, evaluación, autorización y restricción de las sustancias y mezclas químicas (Reach) en lo referente al plomo en las municiones de caza y en los aparejos de pesca.
Finalmente, se reclama al Ejecutivo central que defienda la caza como actividad esencial para el control de las poblaciones y para la protección de las explotaciones agrícolas y ganaderas; que impulse medidas legislativas que permitan la actividad cinegética en parques nacionales; y que fomente una gestión conservacionista de la caza.