El pleno del Parlament ha decidido este martes no admitir a trámite la proposición de ley registrada por MÉS per Mallorca que planteaba, entre otras medidas, impedir la adquisición de viviendas por parte de personas que no fueran residentes en Baleares.
La propuesta, que de haber superado este primer filtro habría continuado su recorrido en el Congreso de los Diputados, ha sido rechazada con los votos en contra de PP y Vox, frente al apoyo de los grupos de izquierda.
El texto de los ecosoberanistas planteaba que los ayuntamientos pudieran limitar, de forma temporal, la compraventa de inmuebles a no residentes, a personas jurídicas y para uso de segunda residencia.
El portavoz de MÉS, Lluís Apesteguia, ha sostenido que la iniciativa se ajusta a las exigencias de la Unión Europea (UE) y respeta la jurisprudencia que ha permitido anteriormente imponer este tipo de restricciones excepcionales.
Apesteguia ha expuesto que el 48,46 por ciento de las viviendas de las Islas no se destinan a que viva una familia y ha alertado de que esta tendencia continúa al alza. En los últimos años, ha señalado, el 82,31 por ciento de las nuevas construcciones no se han dedicado a primera residencia.
La proposición detallaba una batería de condiciones de las que los municipios debían cumplir, al menos, tres para poder activar las limitaciones a la compraventa de viviendas.
Entre estos requisitos figuraba que el precio de compra o alquiler hubiera subido un tres por ciento por encima de la variación del IPC balear en los últimos cinco años; superar el umbral fijado para viviendas vacías y no principales; que el precio medio de compra excediera, como mínimo, la suma de la proyección a diez años del salario neto medio del archipiélago, o que el precio medio de compra o alquiler rebasara en un 35 por ciento la media estatal.
El dirigente ecosoberanista ha reconocido que la norma, por sí sola, no bastaría para resolver la crisis de acceso a la vivienda, al tratarse de un fenómeno multicausal que requiere un abanico amplio de respuestas.
"Este es un paraguas excepcional ante una situación excepcional. Así lo planteamos. Tiene que operar cuando ya se han intentado todas las políticas y cuando el resto se han demostrado insuficientes", ha afirmado.
Apesteguia ha rechazado las políticas "para gente de aquí" que abandera el Ejecutivo autonómico. "No quieren priorizar que las viviendas sean para la gente que quiere vivir y desarrollar su proyecto de vida aquí. Todos estos años que nos han dado la tabarra con el mantra de la gente de aquí, se referían a según quién de aquí", ha añadido.
El portavoz de MÉS ha aludido también al mandato constitucional. "La Constitución a ustedes sólo les interesa que pese mucho para arrojarla contra quienes no se sienten españoles. Pero no habrá banderas bastante grandes para tapar la vergüenza de quien hoy vote en contra de esta ley", ha indicado.
Apesteguia ha insistido en que la propuesta no hace distinciones por nacionalidad, ya que el criterio es el uso final de la vivienda. "Su patria es la especulación y sus compatriotas los especuladores", ha concluido.
Defensa de medidas contra la especulación
La diputada socialista Carol Marqués se ha expresado en términos similares y ha subrayado que el núcleo del debate era decidir si se garantiza el uso social de la vivienda y se frena la especulación. "No debatimos el texto definitivo, sino si abrimos el debate", ha indicado. La socialista ha censurado que se haya bloqueado la toma en consideración y ha reclamado al Govern que atienda todas las iniciativas planteadas.
El portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, ha remarcado que la dependencia del turismo ha tenido consecuencias sobre el conjunto del mercado inmobiliario, "y ya no solo en los chalés de las urbanizaciones". A su juicio, el libre mercado y la turistificación conducen a la desaparición de la residencia permanente.
El diputado de Unidas Podemos, José María García, ha lamentado que desde hace tiempo la vivienda se haya convertido en refugio para los especuladores y ha reprochado al Govern de Prohens no haber sabido atajar esta situación.
Críticas de PP y Vox a la intervención del mercado
En el turno en contra, la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, ha sostenido que la proposición de ley no resuelve el problema, sino que introduce un esquema de intervención que es "jurídicamente frágil, económicamente contraproducente y políticamente incoherente con la defensa del interés nacional".
"No protege al español frente al capital extranjero. Estamos ante una ley que hace aguas por todas partes", ha añadido Cañadas, que ha advertido, además, de que la iniciativa colisiona con el derecho a la propiedad privada.
La diputada del PP Margalida Pocoví ha tildado la propuesta de oportunista y ha cuestionado por qué no se impulsó una medida semejante en la legislatura anterior. "Ante la situación límite optaron por la pasividad, la inacción y por mirar hacia otro lado", ha afirmado.
"No podemos apoyar una propuesta que es inconstitucional, contraria al derecho europeo, técnicamente inviable, y que interviene en la libertad y el derecho de los residentes de Baleares", ha concluido Pocoví.