El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado este miércoles en Estrasburgo una Iniciativa Ciudadana Europea que reclama a la Comisión Europea destinar recursos comunitarios a facilitar el acceso a la interrupción del embarazo en territorio de la Unión. La propuesta plantea un mecanismo voluntario mediante el cual cada Estado miembro podría ofrecer la posibilidad de abortar a cualquier persona que no pueda hacerlo de forma segura y legal en su propio país.
En Baleares se realizaron en 2024 un total de 3.347 interrupciones voluntarias del embarazo, de ellas 2.764 antes de la semana 8, 491 entre la semana 8 y la 14, 87 entre la semana 14 y la 22 y 5 más allá de la 22.
El archipiélago es la segunda comunidad autónoma con una mayor tasa de abortos voluntarios, con 13,87 por cada 1.000 mujeres, la mayoría de ellos (61,3%) practicados en centros públicos.
El documento respaldado por la Eurocámara sigue la línea de la iniciativa popular “Mi voz, mi elección”, que ha recabado más de un millón de firmas y ha superado los umbrales de participación en 19 países de la UE. La resolución salió adelante con 358 votos favorables, 202 en contra y 79 abstenciones.
“Esta votación es una gran victoria para las mujeres en Europa. La UE ha mostrado por fin que la salud sexual y reproductiva es un derecho humano básico. Los ciudadanos de la UE han hablado, demostrando su preocupación por las vidas, la salud y los derechos de las mujeres. Y la Eurocámara ha respondido”, ha defendido tras la votación la eurodiputada sueca de los liberales europeos (Renew) y ponente de la posición del Parlamento, Abir Al-Sahlani.
En concreto, la propuesta reclama a la Comisión que ponga en marcha un sistema voluntario abierto a los Veintisiete, que cuente además con financiación de la Unión. Este mecanismo permitiría a cada país de la UE garantizar el acceso a la interrupción segura del embarazo —respetando su normativa nacional— a cualquier persona que no pueda ser atendida de manera “segura y legal”.
La Comisión Europea ya indicó en septiembre que estudiaría la iniciativa y dispone hasta el próximo mes de marzo para comunicar si prevé adoptar medidas y justificar su decisión. El Ejecutivo comunitario ha reiterado que no se trata de crear un derecho al aborto a escala europea —una materia reservada a la competencia exclusiva de los Estados—, sino de analizar la opción de canalizar fondos comunitarios hacia aquellos países donde el aborto es legal.
Bruselas también precisó que está examinando la propuesta porque cumple las condiciones previstas para las Iniciativas Ciudadanas Europeas, entre ellas reunir un millón de apoyos en al menos siete Estados miembro y situarse dentro de sus competencias, pero subrayó que este examen no anticipa la decisión final.
“MUCHAS MUJERES EN EUROPA NO TIENEN ACCESO AL ABORTO”
Con todo, el Parlamento recuerda en su resolución que “muchas mujeres en Europa todavía” carecen de “pleno acceso al aborto seguro y legal”. Asimismo, advierte de las “barreras legales y prácticas” que persisten en varios países de la Unión y llama a los Estados miembro a reformar sus leyes y políticas sobre el aborto conforme a las normas internacionales de Derechos Humanos.
Los eurodiputados resaltan además el papel de la UE en el impulso de la salud y los derechos sexuales y reproductivos y reclaman una actuación europea “más firme” para proteger “la autonomía corporal” y “el acceso universal a la salud y los derechos sexuales y reproductivos”, incluyendo la información sobre planificación familiar, la anticoncepción asequible, el aborto seguro y legal y la atención sanitaria materna.
También expresan su inquietud por el auge de movimientos contrarios a los derechos de las mujeres y a la igualdad de género tanto en Europa como a escala global, entre ellos “el retroceso de la salud y los derechos sexuales y reproductivos” y “los ataques contra los defensores de los derechos de las mujeres”.
Por último, la Eurocámara condena “los movimientos contrarios a la igualdad de género” que buscan “socavar la igualdad y los Derechos Humanos”.