El PP ha presentado en el Parlament una propuesta para que el Gobierno central otorgue a los empleados públicos de los centros penitenciarios la condición de agentes de la autoridad y establezca una compensación económica por la insularidad, con el fin de frenar la "fuga de profesionales" hacia la península.
Según ha detallado el PP en una nota de prensa, con esta figura de autoridad se pretende "reforzar su protección jurídica" frente a las agresiones que padecen en el desempeño de su trabajo.
La portavoz adjunta del PP Baleares en la Cámara autonómica, Marga Durán, ha denunciado que "el personal penitenciario de Baleares trabaja en una situación límite por la falta de medios, la no cobertura de plazas y la fuga constante de funcionarios hacia la península en busca de mejores condiciones".
En esta línea, ha descrito la situación de los trabajadores de las prisiones en las islas como "insostenible" y ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que "no mire hacia otro lado", ya que esta realidad "no solo compromete la seguridad de los profesionales", sino también el "correcto funcionamiento del sistema penitenciario en las islas".
El PP ha recalcado que el personal de las prisiones de Baleares desempeña una tarea "esencial" tanto en la custodia de los internos como en su reeducación y reinserción social, por lo que, ha remarcado, "hay que proteger a quienes protegen estos derechos". En palabras de Durán, "los empleados penitenciarios merecen respeto, seguridad y reconocimiento jurídico".
El partido ha recordado que, a día de hoy, los funcionarios de prisiones carecen de una norma con rango de ley que los reconozca como agentes de la autoridad, lo que, a su juicio, los deja "en una situación de clara indefensión".
En este contexto, el PP considera que "es incomprensible que el Gobierno bloquee iniciativas que buscan reforzar la seguridad de los profesionales penitenciarios. No se pueden aceptar agresiones sin respuesta firme del Estado".
Los 'populares' reclaman también que el Ejecutivo central tenga en cuenta la especificidad de Baleares, puesto que la insularidad "no puede ser un castigo" y, si se aspira a contar con "plantillas estables" y servicios penitenciarios de "calidad" en el archipiélago, es imprescindible ofrecer condiciones laborales "dignas y justas".
Por último, la iniciativa insta al Gobierno a actuar con "sensibilidad y responsabilidad" ante la situación de los funcionarios de prisiones en Baleares, que precisan "seguridad jurídica, medios y apoyo institucional". El PP subraya que "no se piden privilegios, se pide justicia y respeto a quienes se juegan la vida cada día en los centros penitenciarios".