El PP ha presentado en el Parlament una proposición no de ley con la que busca prohibir el uso del burka y el niqab en los edificios de titularidad pública.
Según se detalla en el texto registrado, la propuesta tiene como finalidad “combatir prácticas contrarias a los derechos fundamentales, la igualdad y la dignidad de las mujeres y las niñas, entre ellas la imposición del velo islámico integral, los matrimonios forzados y la mutilación genital femenina”.
La diputada 'popular' Cristina Gil ha recalcado que la iniciativa no se dirige contra ninguna confesión religiosa, sino “claramente a favor de la libertad, la dignidad y la igualdad de las mujeres”.
En esta línea, ha sostenido que el burka y el niqab representan símbolos de sumisión incompatibles con una sociedad democrática avanzada y, por ello, considera que no deberían estar permitidos en los edificios públicos.
Mediante esta proposición no de ley, el PP sostiene que el uso del velo islámico integral es una forma de opresión que choca con los valores constitucionales, recordando que “la Constitución Española es muy clara cuando proclama la igualdad entre mujeres y hombres y sitúa la dignidad de la persona como base del orden político y de la paz social”.
“La libertad religiosa no puede utilizarse como excusa para justificar prácticas que discriminan y anulan a las mujeres”, ha afirmado Gil.
La diputada del PP ha remarcado igualmente que países como Francia, Bélgica, Dinamarca, Austria, Bulgaria o Suiza ya han aprobado normas para vetar el velo integral en espacios públicos, principalmente por motivos de igualdad y seguridad, y ha advertido de que “España no puede quedarse atrás cuando se trata de defender los derechos humanos”.
La propuesta de los 'populares' también se refiere a otras prácticas que, a su entender, son “especialmente graves” como la mutilación genital femenina y los matrimonios forzados e infantiles, reconocidas a nivel internacional como formas extremas de violencia contra mujeres y niñas.
“Estamos hablando de auténticas barbaridades que destrozan la vida de miles de niñas y mujeres cada año”, ha alertado Gil, insistiendo en que “no existe ninguna tradición cultural que pueda estar por encima de los derechos humanos”.
En coherencia con ello, el texto pide al Parlament que declare que estas prácticas vulneran los valores esenciales de la sociedad y que reclame su persecución y sanción.
Del mismo modo, insta al Gobierno central a poner en marcha las reformas legales necesarias para vetar el uso del velo islámico integral en todos los edificios e instalaciones de carácter público.
“Cada siete segundos una niña es obligada a casarse en el mundo. No podemos mirar hacia otro lado”, ha concluido Cristina Gil, quien ha defendido que “las instituciones tienen la obligación moral y legal de proteger a las mujeres y a las niñas frente a cualquier forma de violencia, opresión o discriminación”.