El PP ha marcado distancias con la propuesta de Vox que pedía priorizar la contratación de personas españolas mediante bonificaciones fiscales, precisando que, a su juicio, estos incentivos deberían dirigirse principalmente a quienes contraten a jóvenes o a desempleados de larga duración.
Así lo ha señalado este miércoles en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces el líder del grupo parlamentario 'popular', Sebastià Sagreras.
En el pleno del martes, los votos de PP y Vox permitieron sacar adelante una proposición no de ley (PNL) que, en uno de sus apartados, instaba al Gobierno central a poner en marcha incentivos o bonificaciones fiscales vinculadas a la contratación de españoles.
“El PP presentó una enmienda, que no fue aceptada por parte de Vox, diciendo que lo que se tiene que incentivar es que se contrate a gente de aquí, como a jóvenes o trabajadores en paro de larga duración”, ha puntualizado Sagreras.
Según ha explicado, esta orientación podría articularse a través de bonificaciones fiscales o deducciones en el IRPF, de forma similar a lo que ya se aplica actualmente para la contratación de personas con discapacidad.
La portavoz de Vox, Manuela Cañadas, también ha aclarado que la finalidad de la iniciativa es “dar prioridad a los ciudadanos de Baleares” tanto en el acceso a un empleo como en la concesión de cualquier ayuda o rebaja impositiva.
Ha recalcado que ello no implicaría excluir a las personas extranjeras con residencia regular en el archipiélago, aunque ha reiterado la necesidad de mantener una “prioridad nacional”.
El portavoz adjunto del PSIB, Marc Pons, ha opinado que la PNL presenta “claros tintes racistas” y que busca “demonizar y señalar a los más débiles para hacer de ellos una estrategia de confrontación y refuerzo de la identidad”.
Otras cuestiones tratadas en el Parlament
En sus comparecencias posteriores a la Junta de Portavoces, los distintos grupos han abordado además otros asuntos de la actualidad parlamentaria.
El representante 'popular' ha puesto el foco en la huelga de médicos contra el Estatuto Marco y sus efectos, que en Baleares se traducen por ahora en “la cancelación de más de 7.600 citas y 180 operaciones”.
“En ningún caso la responsabilidad de estas intervenciones suspendidas es de los médicos, sino del Gobierno de España, de la ministra de Sanidad y del presidente Pedro Sánchez. El PP se posiciona al lado de los ciudadanos y los médicos afectados por esta falta de diálogo”, ha subrayado.
Cañadas, por su lado, ha centrado su intervención en diversas iniciativas parlamentarias que su grupo ha empezado a registrar, entre ellas las relacionadas con los menús halal en centros escolares y hospitalarios.
Además, ha avanzado que en el próximo pleno interpelará a la presidenta del Govern, Marga Prohens, sobre el “bloqueo” de las licencias urbanísticas pendientes del informe de Recursos Hídricos y le planteará la opción de externalizar estos estudios.
El portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, ha manifestado su malestar por la respuesta que la consellera de Salud, Manuela García, ofreció en el pleno del martes sobre el estado de las obras del antiguo Hospital Verge del Toro.
“Vino la consellera a explicarnos historias de problemas estructurales que ya se han solucionado. Lo que tiene que hacer es poner la licitación en marcha y que se hagan las obras de una vez”, ha sostenido.
Por este motivo, ha anunciado que ha solicitado la comparecencia de la consellera en la Comisión de Salud del Parlament para que rinda cuentas sobre esta cuestión y ha registrado varias preguntas por escrito y una proposición no de ley.