El grupo parlamentario del PSIB ha reclamado este lunes que se detenga la tramitación de la reforma de la ley de puertos hasta que el conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, aporte pruebas de que cumple estrictamente el régimen de incompatibilidades.
Así lo ha manifestado el portavoz adjunto de los socialistas, Marc Pons, en una rueda de prensa previa al pleno del Parlament previsto para el martes, en la que ha puesto el foco en la situación del conseller.
Pons ha rememorado que el pasado jueves la comisión correspondiente dictaminó la modificación de la ley de puertos, una iniciativa promovida por PP y Vox, de modo que el siguiente paso es su elevación al pleno para la aprobación definitiva.
Sin embargo, el diputado ha exigido que se interrumpa este último trámite hasta que Lafuente entregue la documentación que "prometió" para demostrar que no ha incurrido en ninguna incompatibilidad derivada de su vinculación familiar con el puerto menorquín de Addaia.
Según ha explicado el representante socialista, entre los documentos solicitados figuran las declaraciones de patrimonio, de la renta y los detalles sobre las condiciones de aceptación de su herencia. El PSIB también ha reclamado saber si el conseller se abstuvo cuando este asunto se trató en el Consell de Govern.
"Han pasado seis meses y el conseller todavía no ha entregado toda esta documentación. Exigimos que la ley no se lleve al Parlament en tanto Lafuente no haya acreditado que no incumple el régimen de incompatibilidad", ha remarcado Pons.
Para el dirigente socialista, uno de los aspectos más significativos de la reforma de la ley de puertos es la ampliación del plazo máximo de las concesiones, que se incrementa de 35 a 50 años.
"Si lo cuantificamos, de eso se benefician un puñado de empresas, que obtendrán unos beneficios de centenares de miles de euros, entre ellas la que gestiona el puerto de Addaia, vinculada directamente a la familia de Lafuente", ha concluido.
En distintas comparecencias parlamentarias, el conseller ha rechazado que exista un "conflicto de intereses" en relación con esta infraestructura portuaria y ha acusado al PSIB de difamarle.