El senador por Pitiusas propone aplicar el modelo de regulación de Barcelona para aliviar el acceso a la vivienda

Juanjo Ferrer reclama en el Senado aplicar la regulación de Barcelona y crear parque público para frenar la crisis de vivienda en Ibiza y Formentera.

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El senador de Ibiza y Formentera, Juanjo Ferrer, ha puesto de relieve en la Comisión de Vivienda del Senado las graves dificultades para acceder a una residencia en las Pitiusas y ha abogado por tomar como referencia el sistema de regulación que se ha puesto en marcha en Barcelona.

En una nota remitida a los medios, el senador ha subrayado que, en la actualidad, una familia en Barcelona abona 220 euros menos al mes por su alquiler de lo que pagaría si se hubiera mantenido la ausencia total de intervención en el mercado.

Ferrer ha señalado que en las Pitiusas se vive “un caso de laboratorio porque tenemos de todo”, con fenómenos como la especulación, la existencia de vivienda vacía y los conflictos derivados del uso turístico de los pisos. Según ha añadido, en los últimos tres años la situación de los pisos turísticos se ha intensificado, “a pesar de lo que intenta hacer creer el PP”.

El representante pitiuso ha defendido que, para hacer frente a la crisis habitacional, es imprescindible impulsar la creación de un parque público de vivienda. En esta línea, ha censurado la escasa gestión y la falta de planificación en la mayoría de ayuntamientos de las Pitiusas, “donde el desarrollo del planeamiento ha sido tan deficiente que no hay suelo público” disponible para levantar nuevas viviendas.

Ferrer ha insistido en que las medidas de regulación resultan “necesarias” ante la gravedad del problema y ha remarcado que la Ley de Vivienda, “por mucho se haya demonizado”, proporciona un marco legislativo general para actuar.

En relación con la limitación de la compra de inmuebles a no residentes, también ha respaldado la conveniencia de ponerla en marcha. El senador ha aplaudido que el Govern estudie restringir durante cinco años la adquisición de vivienda por parte de extracomunitarios no residentes y que el Gobierno central haya solicitado poder aplicar esta medida.