La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha mostrado su apoyo al dispositivo de desalojo de las 206 personas que viven en la antigua prisión de Palma, una operación promovida por el Ayuntamiento, y ha reclamado la intervención de la Delegación del Gobierno.
Fernández se ha pronunciado así este martes durante el pleno del Parlament, en respuesta a una pregunta del diputado socialista Omar Lamin sobre la "expulsión" de familias vulnerables a la calle sin garantizar previamente una alternativa de vivienda.
La responsable autonómica, en sintonía con lo defendido por los dirigentes de Cort, ha argumentado que el desalojo se fundamenta en los repetidos incendios registrados en las últimas semanas dentro del complejo, de titularidad municipal, donde el Consell de Mallorca tiene previsto levantar una rotonda.
"¿A usted le parece que eso es vivir con dignidad? A nosotros no. Nada de esto es digno y no vamos a mirar hacia otro lado, este Govern va a ser al lado del Ayuntamiento para solucionar esta situación. Y esperamos que ustedes, desde la Delegación del Gobierno, hagan lo mismo", ha manifestado la consellera.
En su intervención, Fernández también ha reprochado a los socialistas "si era digno" que en las anteriores legislaturas "se desahuciaran a familias de viviendas del Ibavi" y que los importes del alquiler y la compra "se dispararan año tras año mientras legislaban desde el sectarismo".
Lamin, en cambio, ha censurado que la consellera trate de lanzar "balones fuera" cuando, ha remarcado, las competencias en vivienda y servicios sociales corresponden a las administraciones municipales y autonómicas, y no al Estado.
"Las más de 200 personas que viven en la prisión no es que lo hayan elegido, sino que el sistema los ha expulsado porque el Govern ha mirado hacia otro lado estos tres años, porque ha puesto la alfombra roja a que los precios sigan subiendo y la gente normalice la calle como una forma de vida", ha denunciado el diputado socialista.
A su juicio, el desalojo de la antigua prisión de Palma "no es un hecho aislado" sino el resultado de la acción de un Govern que, según ha afirmado, "ha hecho del racismo institucional su forma de gobernar para competir con Vox".