La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha reivindicado la conveniencia de fijar topes a determinadas ayudas sociales, una modificación que previsiblemente se articulará mediante la ley de aceleración de proyectos estratégicos, al sostener que “la cohesión social comienza por gestionar los recursos de todos”.
Fernández se ha pronunciado así este martes en el pleno del Parlament, en respuesta a la diputada socialista Irantzu Fernández, que le había preguntado si considera que “la retirada de derechos fortalece la cohesión social”.
“Tengo claro que la cohesión social comienza gestionando de forma rigurosa los recursos de todos los ciudadanos”, ha insistido la consellera durante su intervención.
En este contexto, ha cuestionado a la parlamentaria socialista si, por el contrario, entiende que la cohesión social “es gestionar de forma tan nefasta la Renta Social Garantizada que ciudadanos vulnerables tienen que pagar por la falta de gestión”.
Fernández ha añadido otros ejemplos para criticar la gestión anterior: “O enviar menores de otras comunidades autónomas a sistemas de protección colapsados, o regularizaciones masivas sin criterios claros cuando son incapaces de resolver los problemas que hay en Extranjería”.
La diputada socialista ha replicado que estas iniciativas responden a una “competición” entre el PP y Vox para impulsar lo que ha descrito como “medidas trumpistas”.
Según Irantzu Fernández, “intentan hacer creer a la gente que sus problemas para acceder a una vivienda no son de los fondos buitre, sino de la señora que dejó a su familia al otro lado del Atlántico para cuidar a nuestros mayores”.
La semana pasada, la presidenta del Govern, Marga Prohens, recordó que el PP aplicará los acuerdos alcanzados con Vox en materia migratoria, que contemplan, entre otras cuestiones, exigir tres años de residencia legal en Baleares para poder optar a una ayuda social, con el objetivo de “minimizar el efecto llamada”.
Además, esta prestación deberá estar condicionada a un itinerario de inserción laboral. “Tienes que poder demostrar un arraigo a esta tierra”, subrayó Prohens.
Otra de las medidas acordadas consiste en fijar un mínimo de años en el sistema de emancipación para poder acceder a un recurso. A juicio de la presidenta, esta condición es la “garantía” de que el recurso de emancipación “se aprovechará realmente con un menor que ha seguido un proceso y un acompañamiento”.
Prohens apuntó que ya se están impulsando las modificaciones normativas necesarias para aprobar estas actuaciones a través de la tramitación de la ley de aceleración de proyectos estratégicos.