El PSIB, MÉS per Mallorca y Més per Menorca han mostrado su frontal rechazo a las enmiendas acordadas entre PP y Vox que se incorporarán a la ley de proyectos estratégicos, al entender que suponen restringir el acceso a las ayudas sociales y ampliar las exenciones del catalán en determinadas plazas de empleo público.
El diputado menorquinista Josep Castells ha denunciado en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces que “El PP cede en todas estas políticas del odio, de exclusión y de insolidaridad. Eso sí, el domingo todos irán a misa”.
En términos similares se ha expresado el portavoz adjunto del PSIB, Marc Pons, quien ha advertido de que la exigencia de tres años de residencia legal para optar a prestaciones sociales “castiga a los más débiles”.
El socialista ha reprochado a los populares su actitud hacia los colectivos vulnerables: “Hay que ver lo que les gusta menospreciar y castigar a la gente que tiene más necesidades. ¿Dónde hay un mínimo de humanidad?”.
Debate sobre la castellanización de la administración
El portavoz de los ecosoberanistas, Lluís Apesteguia, ha cargado contra las enmiendas anunciadas la semana pasada que prevén eximir del requisito de catalán a ciertas categorías laborales dentro de la administración.
A su juicio, no es válida la justificación del PP de que no se eliminará el catalán para los funcionarios que atienden al público, porque si un empleado público desconoce alguna de las dos lenguas cooficiales se “castellanizará toda la administración pública”.
Apesteguia ha insistido en que “Si un funcionario no sabe catalán, todo el procedimiento se tiene que hacer en castellano, que es lo que pasa ahora en la sanidad”.
Sobre este mismo asunto ha vuelto a pronunciarse Castells, quien ha alertado de que las medidas consensuadas entre PP y Vox “erosionan” los derechos de los catalanoparlantes. A su entender, “Toda la administración que gira al rededor del funcionario --que no sepa catalán-- tendrá que castellanizarse”.