La Mesa del Parlament ha dado curso a los escritos de reposición registrados por PP y Vox con el fin de volver a incorporar sus enmiendas al proyecto de ley de aceleración de proyectos estratégicos.
En la reunión celebrada este miércoles, el órgano rector de la Cámara autonómica ha acordado admitir a trámite las solicitudes formuladas por ambos grupos a finales de la semana pasada, según han señalado a Europa Press fuentes parlamentarias.
El siguiente paso corresponde ahora a la Junta de Portavoces —cuya próxima sesión está fijada para el miércoles siguiente—, que deberá pronunciarse sobre esta cuestión antes de que regrese de nuevo a la Mesa del Parlament, donde se tomará la decisión definitiva.
Para que se revisen las enmiendas basta con que se alcance la mayoría absoluta, un umbral que PP y Vox tienen garantizado al sumar tres de los cinco asientos en este órgano.
Los 'populares' pretenden rescatar 68 de las enmiendas que habían registrado inicialmente, mientras que Vox ha solicitado recuperar una docena de las suyas. Todas quedaron rechazadas hace dos semanas en la Comisión de Hacienda y Presupuestos, encargada de cualificar las enmiendas de todos los grupos al proyecto de ley de aceleración de proyectos estratégicos.
El voto contrario del PSIB, que ostenta la presidencia de la comisión, bloqueó su incorporación al articulado, ya que para ello se exige la unanimidad de todas las formaciones con representación.
Desde las filas socialistas sostienen que las propuestas registradas no guardan relación con el espíritu del texto original, un límite fijado por el reglamento parlamentario, aunque en otras ocasiones se habían aceptado enmiendas similares sin provocar controversia.
Según recoge el PP en su escrito, los propios letrados de la Cámara recomendaron dejar fuera 210 de las 314 enmiendas presentadas al considerar que no tenían conexión con el contenido de la ley.
Entre las iniciativas que decayeron y que previsiblemente volverán a ponerse sobre la mesa figuran exenciones del conocimiento del catalán en determinados puestos de la administración, rebajas fiscales para la compra de vivienda o un endurecimiento de los requisitos de acceso a ayudas sociales para personas en situación administrativa irregular.
Los 'populares' han defendido, en términos generales, que sus enmiendas sí se ajustan al texto original porque persiguen adaptar el marco normativo para “reducir las cargas administrativas y favorecer la captación de talento e inversiones” con el objetivo de “la reconfiguración del modelo económico” de Baleares.
Vox, por su lado, argumenta que la decisión de excluir sus propuestas se tomó aplicando de forma “arbitraria” el reglamento y vulnerando dos artículos de la Constitución Española, además de insistir en que sus enmiendas sí guardan relación con el proyecto de ley en tramitación.
El diputado de Unidas Podemos, José María García, también ha pedido a la Mesa del Parlament que reconsidere seis de sus enmiendas, mientras que el primero en hacerlo fue el diputado no adscrito Agustín Buades.
En sentido contrario, el grupo parlamentario de MÉS per Mallorca ha remitido un escrito al órgano de control de la Cámara reclamando que no se admita ninguna enmienda que no esté vinculada al texto original.
Su portavoz, Lluís Apesteguia, ya avanzó que, si finalmente se reabren estas propuestas, no descartan acudir al Tribunal Constitucional al entender que la ley nacería de un proceso “viciado”.