La directora gerente de la Escuela Balear de Administración Pública (EBAP), Maria Violeta Rodríguez, tendrá que acudir al Parlament para informar sobre las “graves irregularidades” que han denunciado los aspirantes a policía local en el proceso unificado que se está llevando a cabo en estos momentos.
La comparecencia ha sido acordada por unanimidad por todos los grupos de la Cámara, a propuesta del PSIB, durante la reunión de la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales celebrada este miércoles.
En el orden del día figuraba también la votación de la petición de comparecencia del delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, para que detallara las razones por las que Ibiza no ha sido declarada zona gravemente afectada por fenómenos meteorológicos. Finalmente, este punto se ha retirado y no se ha sometido a votación.
Rodríguez, en una rueda de prensa ofrecida este mismo miércoles, ya había avanzado que no tenía intención de asistir a dicha comparecencia en caso de ser aprobada, tal y como ha sucedido en otras ocasiones anteriores.
El delegado del Gobierno ha justificado su postura recordando que ya ha intervenido en la Comisión Mixta sobre Insularidad del Senado y del Congreso, que considera el ámbito adecuado para rendir cuentas.
Defensa de los Juzgados de Paz en Baleares
Por otro lado, el Parlament, con el apoyo de todos los grupos políticos, ha reclamado al Gobierno central que mantenga las funciones de los Juzgados de Paz en Baleares ante la aplicación de la denominada ley de eficiencia de la Justicia.
Esta es, en esencia, la petición principal incluida en la proposición no de ley (PNL) defendida este miércoles por la diputada 'popular' Ana Isabel Curtó en la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales.
La iniciativa solicita al Ejecutivo que reconsidere el contenido de dicho proyecto legislativo para asegurar la cercanía y eficacia de los servicios del Registro Civil y de la celebración de matrimonios civiles a través de las oficinas municipales de Justicia, de manera que estas competencias sigan siendo ejercidas por los jueces de paz.
Asimismo, la Cámara autonómica reclama que se dote a estos órganos de los medios humanos y materiales suficientes, que se ponga en marcha un plan de formación específico para jueces de paz y que se proceda a la digitalización del Registro Civil histórico desde 1871.