El pleno del Parlament de la semana que viene debatirá el proyecto de ley de conciliación y la toma en consideración de la proposición de ley contra el sinhogarismo.
La Junta de Portavoces ha decidido en su reunión de este miércoles el que será el orden del día de la próxima sesión plenaria, que también incluye una moción sobre el incremento de las tarifas de los vuelos interislas y la comparecencia de las conselleras de Salud, Manuela García, y de Familias y Asuntos Sociales, Catalina Cirer.
Uno de los platos fuertes del pleno del martes que viene llegarán en el tramo final del mismo, cuando los grupos parlamentarios deban debatir y votar el dictamen del proyecto de ley de conciliación surgido de la Comisión de Asuntos Sociales.
El portavoz del PP, Sebastià Sagreras, ha puesto en valor una iniciativa del Govern que, a su parecer, «por primera vez convierte en un derecho la conciliación de la vida familiar y laboral».
Otro asunto de calado será el debate sobre la toma en consideración de la proposición de ley para hacer frente y erradicar el sinhogarismo promovida por Unidas Podemos.
La diputada morada, Cristina Gómez, ha celebrado que por fin vaya a poder defender su primera iniciativa legislativa de lo que va de mandato y en la que su partido lleva trabajando desde el anterior.
El texto, ha explicado, ha sufrido actualizaciones durante este tiempo para adecuarse a algunos aspectos que han ido marcando nuevas leyes como la estatal de vivienda o la estrategia nacional para las personas sin hogar.
«Estas incorporaciones han permitido dar un perfil que creo que es imprescindible desde un punto de vista interseccional. No todas las personas sin hogar sufren las mismas opresiones, algunas sufren mucho más», ha apuntado.
También es iniciativa de Podemos la comparecencia en el plenario de García, quien deberá dar cuenta del cumplimiento de una de las resoluciones aprobadas en el Debate sobre el Estado de la Autonomía.
Concretamente, ha detallado Gómez, uno por el que la Conselleria se comprometía a aprobar un plan de choque «en favor de la equidad interislas» en temas de salud, sanidad y hospitalarios que todavía «no ha llegado».
Cirer, por su parte, deberá comparecer ante los diputados a instancias del grupo socialista para informar sobre el cumplimiento de un punto de una proposición no de ley (PNL) relativa a la construcción de una nueva residencia para personas mayores en el municipio de Santa Margalida.
Los portavoces de MÉS per Mallorca y del PSIB, Lluís Apesteguia y Iago Negueruela, respectivamente, han lamentado que la Junta de Portavoces haya rechazado la posibilidad de que también comparecieran los consellers de Educación y Universidades, Antoni Vera, y de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet.
El primero pretendían que diera cuenta acerca de los efectos que tendrán algunas de las medidas recogidas en el acuerdo presupuestario entre el PP y Vox en la comunidad educativa; el segundo, sobre la gestión de la polémica desatada en torno a la granja avícola de Llucmajor que ha sido denunciada y contra la que se han abierto diligencias judiciales.
VUELOS INTERISLAS Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
Més per Menorca, por su parte, llevará al pleno una moción en materia de conectividad y el derecho a la movilidad. Su portavoz, Josep Castells, ha confiado en poder «sacar los colores» al Govern por un incremento de los vuelos interislas ante el que, a su parecer, la presidenta Marga Prohens «se puso de perfil» y llegó a «justificar».
El menorquinista ha hecho referencia a una solicitud de información que el diputado de Sumar-MÉS en el Congreso de los Diputados, Vicenç Vidal, hizo al Gobierno central al respecto. Según ha dicho, el Ejecutivo de Pedro Sánchez le contestó que el Govern consideró «oportuna y adecuada» la subida de las tarifas.
«Se confirma que el Govern aceptó el incremento de las tarifas interislas, no se opuso a que un vuelo de Mallorca a Menorca llegue a los 300 euros ida y vuelta. Resulta que considera que esta tarifa es razonable y adecuada», ha recriminado.
A su parecer, esto viene a demostrar que existe un «hilo rojo» que une al Govern del PP y al Gobierno del PSOE, el de «plegarse a las pretensiones de las aerolíneas en perjuicio de los ciudadanos de Baleares». «Parece que con este tema el PP está más con la mafia que con la democracia», ha ironizado Castells.
El próximo pleno también acogerá una interpelación promovida por MÉS per Mallorca relativa a la política general del Govern en materia de política lingüística.
Asimismo, los diputados debatirán el acuerdo para celebrar varias sesiones extraordinarias entre el 24 de junio y el 9 de julio para debatir y previsiblemente aprobar –con los votos del PP y de Vox– el proyecto de ley para la obtención de suelo mediante los proyectos residenciales estratégicos.
SESIÓN DE CONTROL AL GOVERN
Por lo que hace a la sesión de control al Govern, los grupos se centrarán en asuntos como la reacción de la comunidad educativa al acuerdo entre el PP y Vox, el turismo, la vivienda o los presupuestos.
Sobre el primero de los temas preguntará la diputada de MÉS per Mallorca Maria Ramon, los socialistas Àlex Pitaluga y Amanda Fernández y el diputado de Vox Sergio Rodríguez.
El acceso a la vivienda y el incremento de los precios será cosa de las socialistas Mercedes Garrido y Carol Marquès, mientras que las preguntas relativas a las plazas turísticas, la contención y la «turismofobia» correrán a cargo de Ares Fernández (PSIB), Lluís Apesteguia (MÉS per Mallorca) y María José Verdú (Vox).
El socialista Marc Pons preguntará sobre la actuación del Govern en la granja de Llucmajor, su compañero de bancada Carles Bona lo hará sobre la situación del presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, y Llorenç Pou (PSIB) y Manuela Cañadas (Vox) se centrarán en los presupuestos y en el pacto PP-Vox.