El portavoz adjunto del PP en el Congreso y diputado por Baleares, José Vicente Marí Bosó, ha explicado el voto en contra de su grupo a la convalidación del decreto del escudo social, que incluye la moratoria antidesahucios y el veto a los cortes de agua y luz a personas vulnerables. Según ha argumentado, estas medidas no atajan la vulnerabilidad, sino que la “maquilla”.
El Pleno del Congreso ha abordado este jueves el decreto, que también contempla exenciones fiscales para las ayudas vinculadas a los incendios y la dana, así como la ampliación de los descuentos del bono social eléctrico. Durante la sesión, PP, Vox y Junts han reiterado su rechazo al texto, insistiendo en las críticas que vienen formulando en las últimas semanas y que se centran en que la norma, a su juicio, favorece la ‘okupación’ al impedir desahucios de personas vulnerables.
Marí Bosó ha calificado el escudo social impulsado por el Ejecutivo en los últimos años de “fracaso” y ha remarcado que “no puede ser un fin en sí mismo”.
“Debe ser un medio de protección para conseguir sacar a la gente de la vulnerabilidad no para mantenerla. Sus políticas no resuelven ni un problema, los maquillan”, ha afirmado desde la tribuna.
El diputado ‘popular’ ha subrayado además que, tras seis prórrogas del escudo social, el 25,7% de la población sigue en riesgo de pobreza y un 16% de las familias no pudo mantener su vivienda a una temperatura adecuada en 2025. “Son la máquina más perfecta de mandar a la gente a la pobreza, se indignen lo que quieran”, ha concluido.
El Gobierno reprocha el giro de PP y Junts
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha defendido con vehemencia el decreto y ha arremetido contra los grupos que lo rechazan alegando que fomenta la ‘okupación’, una acusación que ha definido como “excusa absolutamente falsaria”.
Bolaños ha recordado que hace aproximadamente un año PP y Junts respaldaron la convalidación de un decreto que recogía la misma moratoria antidesahucios que ahora critican y utilizan para justificar su voto contrario.
“Ustedes votaron a favor del mismo texto en 2025 del que hoy van a votar en contra en el año 26. Ahora suban a esta tribuna, mientan y enrojezcan de vergüenza por intentar engañar a la ciudadanía con este decreto ley, y con los okupas, que ni están ni se les espera, ni se beneficia a ninguna persona que haya hecho tal actividad”, ha replicado el ministro.
El titular de Presidencia ha incidido en la necesidad de sacar adelante la norma para evitar “incertidumbre” y “sufrimiento” a quienes tienen más dificultades para llegar a fin de mes, y ha recalcado que estas personas “no merecen que intereses políticos, cálculos de toda índole o irresponsabilidad de algunas fuerzas políticas les generen más incertidumbre de la que ya tienen en su vida cotidiana”.
La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha respaldado la intervención de Bolaños y ha afeado a los grupos que ahora se oponen que hace un año apoyaron un texto muy similar. Además, ha instado a Junts a valorar la abstención para evitar el impacto negativo que, a su juicio, tendría el rechazo del decreto sobre muchas familias.
Sumar carga contra Junts y la derecha
La diputada de En Comú y portavoz adjunta de Sumar, Aina Vidal, ha dirigido duras críticas a PP y Vox, pero ha sido especialmente contundente con Junts, a quienes ha acusado de ser la “representación política” de los “fondos buitre”. Vidal ha advertido de que, ante la previsible caída del decreto, se está registrando un “alud de peticiones” de desahucios y ha cifrado en 200.000 las personas en riesgo, de las cuales 50.000 se encontrarían en Cataluña.
Asimismo, ha reprochado a Junts que el decreto incluya exenciones fiscales a las ayudas por los incendios y la dana y, en alusión directa a la portavoz de Junts, ha lanzado: “¿Se puede ser más miserable, me pregunto? ¿Se puede, señora Nogueras? Difícil, muy difícil”.
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha acusado a PP, Vox y Junts de no tener “vergüenza” por oponerse al decreto y les ha deseado que “sientan en su cuerpo lo que significa que te echen a la calle con niños y niñas pequeños, con personas dependientes, con personas mayores, que lo sientan de verdad y que a partir de hoy no puedan dormir por las noches ni mirarse al espejo porque no tienen ustedes vergüenza”.
En la misma línea, el portavoz de Esquerra Republicana, Jordi Salvador, y el de EH Bildu, Oskar Matute, han dirigido sus reproches a PP, Vox y Junts. Salvador ha recalcado que “ser desahuciado no significa ser un delincuenta”, mientras Matute ha calificado de “pura maldad” votar en contra del decreto escudándose en que favorece la ‘okupación’ o la ‘inquiokupación’, cuando, en su opinión, la norma persigue proteger a la población vulnerable.
Por su parte, la diputada de Compromís integrada en el Grupo Mixto, Águeda Micó, y el diputado del BNG, Néstor Rego, han avanzado su apoyo al decreto, aunque han lamentado que se quede corto y han reclamado que las ayudas se conviertan en medidas de carácter estructural.
El PNV afea al Ejecutivo la falta de apoyos
La portavoz económica del PNV, Idoia Sagastizabal, ha mostrado su preocupación porque el decreto no vaya a salir adelante, al entender que es imprescindible salvaguardar a las personas vulnerables. No obstante, ha reprochado al Gobierno su incapacidad para articular una mayoría suficiente, algo que, a su juicio, se explica por la insistencia del Ejecutivo en agrupar distintos asuntos en una sola norma o “bajo el mismo envoltorio”.
“¿Cómo pretenden impulsar políticas sociales si ni siquiera logran concitar apoyos para ellos? Nos dejan ahora ante un vacío”, ha advertido Sagastizabal desde la tribuna.
Junts defiende el escudo social sin ‘okupas’
La diputada de Junts Marta Madrenas ha criticado al Gobierno por repetir “la misma operación” de unir en un único decreto la moratoria antidesahucios, que su formación rechaza, con la ampliación de los descuentos del bono social eléctrico y la prohibición de cortar suministros básicos como el agua y la luz.
“Esto ya no solo es improvisación, es chantaje político”, ha denunciado Madrenas, que ha sintetizado la postura de su grupo con la fórmula “escudo social sí, ‘okupas’ no”. Además, ha sugerido que el Ejecutivo podría recurrir a la línea de 300 millones de euros para avales frente a posibles impagos de alquiler como vía alternativa para evitar desahucios.
En su turno de réplica, el diputado del PP José Vicente Marí Bosó ha recordado al ministro que, efectivamente, el decreto ley se convalidó hace un año con mayoría, pero también se acordó tramitarlo como proyecto de ley para introducir enmiendas. Según ha señalado, no se ha avanzado en esa tramitación porque “saben que hay una mayoría en contra” del planteamiento del Ejecutivo.
Marí Bosó ha reiterado que, tras seis prórrogas del escudo social, el 25,7% de la población continúa en riesgo de pobreza y un 16% de los hogares no pudo mantener una temperatura adecuada en 2025. “Son la máquina más perfecta de mandar a la gente a la pobreza, se indignen lo que quieran”, ha remachado.
El portavoz de vivienda de Vox, Carlos Hernández Quero, ha arremetido contra el Gobierno por presumir del escudo social y de haber impulsado una supuesta legislatura de la vivienda cuando, en su opinión, no se han construido viviendas suficientes para afrontar la crisis habitacional. También ha criticado que el llamado escudo social acumule “seis prórrogas” sin que el Ejecutivo “haya hecho absolutamente nada” para evaluar su impacto real sobre las personas vulnerables.
Finalmente, el diputado de UPN, Alberto Catalán, ha censurado que el Gobierno vuelva a incluir en un mismo decreto las ayudas ligadas a la DANA y la moratoria antidesahucios, cuestionando esta forma de legislar por bloques heterogéneos.