El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha salido en defensa de la ley de la Serra de Tramuntana impulsada por el Consell de Mallorca, insistiendo en que la normativa no recorta derechos de paso sobre los caminos públicos de la zona.
Durante el pleno de este martes, Mateo ha remarcado que esta ley “defiende de manera concreta el derecho al acceso público” en la Serra, recalcando que no se impondrán tasas por transitar por caminos de titularidad pública ni se limitará la entrada de personas.
El conseller ha precisado que serán los caminos de propiedad privada los que podrán abrirse al uso ciudadano mediante convenios específicos con la administración, de forma que la ley habilita un marco para facilitar acuerdos con los propietarios.
Debate sobre la OSP Menorca-Barcelona
En otra parte de la sesión, el diputado de Més per Menorca, Josep Castells, ha interpelado a Mateo sobre si el Govern ha elaborado algún informe técnico para contrarrestar las objeciones de la Comisión Europea a la obligación de servicio público (OSP) que regula la conexión aérea entre Menorca y Barcelona.
En su contestación, Mateo se ha ceñido a recordar que el Govern ya había alertado previamente de los peligros del diseño de esta OSP, entre ellos la posible reducción de frecuencias en una ruta considerada estratégica para la conectividad de la isla.
“Los riesgos de que este proyecto de OSP de esta ruta tan relevante, y así se lo habíamos planteado al Gobierno de España”, ha apuntado el conseller, aludiendo a las advertencias trasladadas al Ejecutivo central.
Asimismo, ha asegurado que el Gobierno de España ha terminado por asumir las objeciones planteadas por la Comisión Europea, reiterando que el proyecto “no tenía garantías de funcionar y de conseguir los beneficios que en teoría perseguía”.
Polémica por la vivienda turística ilegal
En el bloque dedicado a vivienda, Mateo ha puesto en valor la actuación de su Conselleria y de los Consells Insulares en la lucha contra la oferta de viviendas turísticas ilegales, al tiempo que ha cargado contra la gestión realizada por el anterior Govern en este ámbito.
“La ciudadanía sabe que la izquierda no hizo los deberes para controlar el alquiler turístico ilegal”, ha afirmado, reprochando después a los socialistas que “den lecciones de cómo hacer lo que no supieron hacer”.
El conseller ha mencionado entre las medidas adoptadas por el actual Ejecutivo autonómico la prohibición de nuevas plazas turísticas en viviendas plurifamiliares, el refuerzo del régimen sancionador y los acuerdos alcanzados con las plataformas de comercialización de viviendas turísticas para mejorar el control.
Por su parte, el diputado socialista Àlex Pitaluga ha calificado de “fracaso” las políticas del Govern dirigidas a que las viviendas turísticas ilegales se incorporen al parque residencial. “Quitar anuncios de las plataformas no hace que desaparezcan”, ha sostenido.
En esta línea, ha reclamado que se apliquen sanciones efectivas y se impulsen expedientes para reducir el número de viviendas vacacionales irregulares, criticando que “solo queda un año de legislatura y el Govern no ha hecho nada”.