MÉS per Mallorca y Més per Menorca han acusado a PP y PSIB de que las enmiendas que han presentado a la proposición de ley de cogestión aeroportuaria supondrían “descafeinar” y “diluir” el texto que se está tramitando en el Parlament.
Los portavoces de ambas formaciones, impulsores de la iniciativa, han advertido de este riesgo en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, celebrada antes de la reunión de la ponencia que debate esta normativa por la tarde en la Cámara autonómica. En este contexto, han reclamado a PP y PSIB que sean “valientes” y que atiendan “a las calles de Baleares” y no a “Génova o Ferraz”, en alusión a las sedes estatales de ambos partidos en Madrid.
El portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha admitido que se trata de una “ley de máximos” dentro del marco que marca el Estatut d'Autonomia, con el objetivo de reforzar el autogobierno sobre una de las principales puertas de acceso al archipiélago.
Apesteguia ha indicado que el escenario político obliga a “negociar”, pero ha recalcado que su grupo mantiene la “mano extendida” para pactar modificaciones sin vaciar el contenido de la norma.
No obstante, ha incidido en que las propuestas de PP y PSIB resultan “inasumibles” porque, a su entender, relegan a las instituciones de Baleares a emitir informes “no vinculantes”. “Esto no es cogestión, es regalarte un tóner de impresora para hacer informes que se quedarán en un cajón o peor porque encima Baleares tendrá que pagar el tóner”, ha criticado.
En consecuencia, ha avisado de que, si las enmiendas siguen adelante, no se sumarán a lo que ha calificado como un “engaño a la ciudadanía”, y ha instado a que se atiendan las demandas de la sociedad balear y que PP y PSIB “no escuchen a sus centrales de Madrid”.
El diputado de Més per Menorca, Josep Castells, ha censurado que, cuando se plantea a PP y PSIB que las instituciones de las islas intervengan en la gestión aeroportuaria, “gane su vertiente estatalista” y se “arruguen”.
Castells ha explicado que uno de los mínimos que persigue la ley es poder fijar la capacidad de carga de los aeropuertos, es decir, determinar cuántos pasajeros pueden recibir las islas en un periodo concreto.
Ha remarcado que no se está reclamando la competencia plena sobre los aeródromos, sino la inclusión de una cláusula que permita coordinar estas decisiones con ámbitos como la ordenación del territorio, la oferta turística o la movilidad. A su juicio, si no se articula esta coordinación, “se produce un colapso” por el incremento de vuelos y viajeros.
“El PP y el PSOE hacen referencia al federalismo o le echan la culpa de la masificación turística a Aena y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero cuando se propone algo para frenarla son el PP y el PSOE de siempre, que no tienen ni esta mínima valentía”, ha manifestado.