Més per Menorca ha presentado en el Parlament una amplia serie de enmiendas a la reforma de la Ley de Puertos con la finalidad de «democratizar el uso de los espacios portuarios y frenar un modelo que, según el partido menorquinista, abre la puerta a una privatización absoluta de los puertos de Baleares». La formación insular sostiene que la propuesta del PP transforma la gestión de estas infraestructuras estratégicas y orienta su explotación hacia intereses privados.
El portavoz de Més per Menorca en la Cámara autonómica, Josep Castells, ha manifestado su «máxima preocupación» por la intención del Govern de «transformar los puertos en negocios privados, en detrimento del interés general». A su juicio, la modificación legislativa supone un giro radical en la concepción de los puertos, que pasarían a priorizar la rentabilidad económica frente al servicio público.
Castells ha insistido en que «hay que distinguir entre los clubes náuticos (entidades de base asociativa con funciones deportivas, educativas y sociales) y las empresas privadas que operan con ánimo de lucro». No obstante, ha criticado que la reforma del PP «los pone al mismo nivel y, de hecho, genera un régimen claramente favorable a las empresas privadas» que, según ha recalcado, cuentan con mayor capacidad técnica y financiera para competir en concursos de gran volumen económico.
Entre los aspectos que Més per Menorca considera más graves figura la previsión de alargar las concesiones portuarias hasta 75 años. Para el partido, se trata de una duración «desproporcionada y enfocada claramente a beneficiar a las grandes empresas privadas», ya que consolidaría durante décadas el control privado de espacios públicos clave. Como alternativa, la formación defiende limitar las concesiones a 35 años, con la opción de una prórroga adicional de 15 años en el caso de entidades sin ánimo de lucro, con el fin de no hipotecar la gestión futura de los puertos.
Las enmiendas registradas por el grupo menorquinista persiguen también reforzar el papel de los clubes náuticos en los procesos de adjudicación de concesiones. «Son entidades que aportan actividad deportiva, educativa y cultural y que generan cohesión social. Esto debe tenerse en cuenta y valorarse con más puntuación en los procesos de concesión», ha subrayado Castells, reclamando que estos criterios sociales pesen más frente a los puramente económicos.
Asimismo, Més per Menorca plantea que al menos el 50 por ciento de los amarres se destine a embarcaciones de pequeña eslora, de menos de 8 metros. Con esta reserva, el partido pretende «garantizar el derecho de los menorquines y menorquinas a acceder al mar y evitar que los grandes yates terminen monopolizando los puertos de Baleares», de forma que se preserve el uso ciudadano y se evite la expulsión de la náutica popular.










