Este martes, el Parlament ha dado luz verde para considerar la reforma de la ley de puertos, una iniciativa conjunta de PP y Vox. Durante la sesión, desde el PSIB se ha sugerido que Juan Manuel Lafuente, conseller del Mar y Ciclo del Agua, podría tener un interés personal en la aprobación de esta ley, acusación que ha sido refutada por el propio Lafuente.
La modificación legislativa propuesta busca extender las concesiones de los clubes náuticos en Baleares de 30 a 50 años, alineándose así con la normativa estatal. Esta medida ha sido largamente solicitada tanto por la Federación de Clubes Náuticos como por sus asociados en las islas, dada su relevancia para un sector clave.
Además, se establece que las extensiones de las concesiones deben ir acompañadas de mejoras en las instalaciones, la seguridad y la infraestructura portuaria. Los grupos impulsores de la reforma han destacado que esta ayudará a proteger a los pequeños clubes de Baleares, que desempeñan una importante función social y deportiva, y fomentan la innovación, sostenibilidad y transformación económica del archipiélago.
Sebastià Mesquida, diputado del PP, ha defendido la urgencia de adaptar la normativa debido a los significativos cambios que ha experimentado el sector, que han dejado la ley autonómica anticuada. Ha subrayado que el sector náutico genera un canon que asciende a más de 53 millones de euros y sostiene hasta 15.000 empleos, tanto directos como indirectos.
Por su parte, Manuela Cañadas de Vox, ha abogado por la necesidad de esta modificación tras años de una normativa desorganizada y abandonada, acusando a la izquierda de manipulación y de criminalizar al sector. La diputada ha destacado que la reforma representa el “modelo Vox” y una alternativa a la “obsesión intervencionista” de la izquierda.
Por otro lado, el PSIB inicialmente consideró abstenerse pero terminó votando en contra debido a las incertidumbres que el texto suscita, especialmente en relación con la extensión de las concesiones a 50 años. Marc Pons, diputado socialista, ha cuestionado la lógica de garantizar derechos a empresas privadas limitando la capacidad de decisión de la administración pública en el futuro.
Representantes de asociaciones relacionadas con los clubes náuticos y de instalaciones náuticas deportivas siguieron el debate desde la tribuna de invitados, evidenciando el interés y la importancia de esta reforma legislativa para el sector.