QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
En una reciente sesión, el Parlament, contando con el apoyo del PP y Vox, pero con la disconformidad de los partidos de izquierda, ha solicitado al Gobierno la supresión del arrendamiento turístico de embarcaciones privadas, específicamente las de lista séptima.
Esta demanda forma parte de una proposición no de ley (PNL) presentada por el diputado del PP, Sebastià Mesquida, en la Comisión de Ordenación Territorial, Vivienda, Movilidad, Mar y Ciclo del Agua, que fue aprobada en su totalidad.
La petición específica del Parlament es que se retire la resolución del 17 de julio de 2025 de la Dirección General de Marina Mercante, que establece los requisitos para que estas embarcaciones de recreo pasen a ser utilizadas comercialmente. El PP ha enfatizado que esta acción es crucial para prevenir las “consecuencias negativas” en términos de seguridad y sostenibilidad en las costas de Baleares.
Además, se ha solicitado al Gobierno central que mantenga el diálogo con las administraciones y entidades relacionadas con la gestión costera para evaluar y ajustar la densidad de las actividades náuticas, así como para mejorar las medidas de seguridad y conservación del litoral.
Debate sobre el transporte público en el Llevant
La misma comisión también debatió otra PNL propuesta por la diputada de MÉS per Mallorca, Marta Carrio, sobre la continuidad de la línea exprés del TIB que conecta Llevant con Palma. A pesar de los esfuerzos, esta propuesta no prosperó, siendo rechazada mayoritariamente con los votos de PP, Vox y el diputado no adscrito Xisco Cardona.
El texto criticaba que las necesidades de conexión entre Palma y el Llevant no se atenúan durante los meses de invierno y reprobaba que los derechos de los residentes a usar el transporte público estuvieran “condicionados al número de turistas”. También lamentaba que se considerase a los residentes de la comarca como “usuarios de segunda” frente a los turistas.
El único acuerdo alcanzado fue la solicitud unánime de continuar fomentando el diálogo y el consenso con los ayuntamientos del Llevant para mejorar el transporte público en la región.
