En una reciente sesión plenaria, el Parlament ha aprobado una proposición no de ley (PNL) de MÉS per Mallorca, con el apoyo de la izquierda y la abstención del PP, solicitando al Govern que eleve la educación pública a una «prioridad absoluta» en su agenda política.
Durante el debate, también se ha aprobado un llamamiento al Gobierno para promover la cohesión social y la inclusión a través de políticas de matriculación equitativa en todos los centros educativos, con una enmienda del PP incluida, que obtuvo el respaldo de todos los grupos parlamentarios a excepción de Vox.
Maria Ramon, diputada de MÉS per Mallorca, criticó a la Conselleria de Educación por favorecer las escuelas concertadas, lo que ha llevado a la concertación de la mitad de las plazas en la etapa educativa 0-3. «Todos los datos que pedimos así lo escenifican», afirmó, argumentando que esto perpetúa un modelo «privatizador» en la educación.
Por su parte, representantes de Més per Menorca y el PSIB defendieron la PNL, señalando la necesidad de fortalecer la oferta de la escuela pública y de equilibrar la proporción entre la red pública y la concertada para evitar mayor segregación escolar. Álex Pitaluga, del PSOE, y Joana Gomila, de Menorca, destacaron las problemáticas derivadas de la creación preferente de plazas concertadas.
Isabel Curtó, diputada del PP, argumentó que la visión sobre el sistema educativo por parte de los ecosoberanistas es parcial e ideológica, defendiendo que la educación pública y la concertada no son adversarias. A su vez, destacó la zona única de Palma como un logro en términos de libertad de elección para las familias.
En contraposición, la diputada de Vox, Manuela Cañadas, describió la iniciativa como un intento de politizar las aulas y una restricción a la libertad, presentando la postura de su grupo en contra de la PNL al considerar que propone un «modelo de sumisión ideológica».