QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Parlament ha acordado instar al Govern a que haga públicos de manera regular los datos sobre las solicitudes registradas, las valoraciones efectuadas y las listas de espera existentes en los procedimientos para reconocer el grado de discapacidad.
Este compromiso forma parte de una proposición no de ley (PNL) presentada este jueves por el diputado del PSIB Omar Lamin en la Comisión de Asuntos Sociales del Parlament, que ha salido adelante de forma parcial tras su debate.
Con esta propuesta se busca reforzar la transparencia institucional y garantizar el derecho de la ciudadanía a conocer la situación y la evolución de estos servicios de valoración de la discapacidad.
Asimismo, el Parlament urge al Govern a mantener y reforzar los servicios de valoración de la discapacidad en el conjunto de Baleares, asegurando una dotación y cobertura “adecuadas” de los equipos profesionales encargados de estas tareas.
La iniciativa también defiende una apuesta clara por la “descentralización” de los servicios públicos, con el fin de hacer “efectiva” una atención “de proximidad, accesible y de calidad para todas las personas que necesitan estos servicios”.
Igualmente, se reclama al Govern que reduzca de forma “urgente” los tiempos de espera tanto para la realización de las valoraciones como para la emisión de los certificados de discapacidad. Todos estos apartados han sido respaldados por unanimidad de los grupos presentes en la comisión.
No obstante, otros tres puntos de la PNL han sido rechazados por la mayoría formada por los ocho votos en contra de PP, Vox y el diputado no adscrito Agustín Buades, frente al apoyo de PSIB, MÉS per Mallorca y el Grupo Mixto.
Entre las propuestas que no han prosperado figuraba que el Parlament dejara constancia de que el tiempo de espera para obtener el certificado de discapacidad se ha duplicado durante la actual legislatura, así como que se solicitara al Govern la elaboración y presentación, en un plazo máximo de tres meses, de un plan de choque “real y efectivo” para reducir las listas de espera en los procedimientos de valoración de la discapacidad.
Ese plan debía incluir medidas como la ampliación y el refuerzo de los equipos profesionales, la optimización de los procesos administrativos y la asignación suficiente de recursos para asegurar una atención “ágil, eficaz y de calidad”.
También ha sido rechazado el punto que instaba al Govern a mantener y potenciar el convenio de colaboración con IbSalut, vigente en la pasada legislatura, así como a incrementar los recursos económicos y humanos vinculados a este acuerdo con el objetivo de “mejorar la valoración de la discapacidad”.
En la misma sesión, la Comisión de Asuntos Sociales ha abordado otra PNL, en este caso defendida por la diputada del PP Isabel Curtó, relativa a la búsqueda de un nuevo emplazamiento para el punto de encuentro familiar de Palma, que ha sido aprobada por unanimidad.
En este contexto, el Parlament ha solicitado a la Consellería de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia la realización de un estudio técnico que analice la viabilidad de trasladar el actual punto de encuentro familiar de Palma a un espacio “más amplio y adecuado” para el correcto desempeño de sus funciones.
La iniciativa subraya la necesidad de localizar posibles nuevas ubicaciones para el punto de encuentro de Palma que cumplan las condiciones precisas para “garantizar la seguridad, la accesibilidad y el bienestar de los menores y de las familias usuarias”.
Finalmente, el Parlament requiere a la Conselleria que asigne recursos económicos y logísticos “suficientes” para ejecutar el traslado y la adaptación del nuevo espacio destinado al punto de encuentro familiar de Palma.
