El Parlament rechaza solicitar el cierre de la base del Puig Major y su transferencia a Baleares

El Parlament se posiciona en contra de cerrar la base militar del Puig Major y su transferencia a la comunidad balear.

El Parlament ha decidido no solicitar al Gobierno central que clausure la base militar del Ejército del Aire EVA-7 del Puig Major ni que transfiera sus terrenos a la comunidad autónoma de Baleares.

Esta decisión se tomó en la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales donde la proposición no de ley (PNL) presentada por Unidas Podemos, defendida por el diputado José María García, no prosperó debido a los 12 votos desfavorables de PP, PSIB y Vox, aunque contó con el apoyo de MÉS per Mallorca y UP.

La propuesta también incluía la petición de apertura al público de esta instalación militar, siempre que se garantizase la seguridad de los trabajadores y visitantes.

Además, el Parlament planteaba al Gobierno español que rechazara cualquier aumento en el gasto militar futuro, que denunciara el Tratado del Atlántico Norte y abandonara la OTAN.

Se sugirió asimismo que se notificara a los Estados Unidos la no renovación del Convenio de cooperación para la defensa y se impidiera el uso de cualquier infraestructura balear para fines militares asociados a la OTAN o a fuerzas extranjeras, incluyendo lugares específicos como el puerto de Maó y la base aérea de Son Sant Joan, entre otros.

Finalmente, el Parlament expresó un firme rechazo al uso de cualquier territorio o infraestructura en Baleares con propósitos militares, especialmente si implican complicidad con estados considerados genocidas como Israel, y proclamó a las Islas Baleares como ‘una tierra de paz y cooperación’.

En otro orden de cosas, la misma comisión aprobó parcialmente una PNL sobre la gestión del Ente Público de Radiotelevisión de Baleares, enfocada en rechazar la ‘censura ideológica o política’ y en asegurar la ‘independencia editorial y la libertad de creación’ de sus profesionales.

Por otro lado, se debatió una PNL sobre la delegación de competencias migratorias en Cataluña, instando al Gobierno a mantener estas competencias como exclusivas del Estado y a evitar un trato desigual entre territorios.

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