El Parlament ha solicitado al Gobierno de España que asigne fondos estatales específicos para indemnizar a los arrendadores que se han visto afectados por la paralización de desahucios en viviendas de grupos vulnerables.
Este requerimiento se formalizó durante la sesión de la Comisión de Ordenación Territorial, Vivienda, Movilidad, Mar y Ciclo del Agua de este miércoles, donde se aprobó una proposición no de ley (PNL) del PP, que logró el respaldo inicial con los votos de Xisco Cardona, MÉS per Mallorca, Vox y PP.
Además, el Parlament ha instado al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, con 11 votos a favor de PP, PSIB y Cardona y el resto en contra, a “revisar y actualizar los criterios de vulnerabilidad económica recogidos en el real decreto ley 11/202” para asegurar una evaluación periódica y realista de cada situación familiar.
Asimismo, la Cámara autonómica ha demandado la implementación de un mecanismo de control que garantice un uso correcto de las propiedades afectadas por la suspensión de desahucios y prevenga abusos. Esta propuesta fue respaldada por ocho votos de PP, Vox y Cardona, frente a seis votos en contra de PSIB, Unidas Podemos y MÉS.
Por otro lado, se ha dado luz verde unánimemente a una PNL del grupo socialista que propone la creación de una línea de ayudas para mejorar la accesibilidad en inmuebles, facilitando así la vida diaria de personas mayores, con discapacidad o en situación de dependencia.