El Parlament ha solicitado la renuncia de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, atribuyendo la necesidad de depurar responsabilidades políticas y administrativas debido a los errores observados en las pulseras de control destinadas a supervisar casos de violencia de género.
Este requerimiento forma parte de la proposición no de ley (PNL) presentada por la diputada del PP Maria de Lluc Fornás, que ha contado con el respaldo de su propio partido y de Vox, aunque ha sido rechazada por la izquierda.
Además, se ha pedido al Ministerio de Igualdad que esclarezca urgentemente cuántas órdenes de alejamiento se han visto comprometidas por estos fallos y que se tomen las acciones necesarias para recuperar datos o establecer mecanismos alternativos que aseguren la “continuidad y seguridad” del sistema VioGén.
Con el apoyo del PP y parte de la izquierda, se ha logrado instar al Ministerio de Justicia para que se establezca un Juzgado de Violencia contra la Mujer en Menorca.
“NEGLIGENCIA E INACCIÓN”
Fornás ha afirmado que el Gobierno ha fallado porque “tras cada error ha habido una mujer sin protección”. “Y cuando el Estado falla, el silencio mata. Y nosotros no callaremos”, ha destacado.
La portavoz de Vox, Manuela Cañadas, ha explicado que su apoyo a la iniciativa no implica un respaldo al sistema VioGén ni a ciertas medidas contra la violencia de género, sino que busca una mayor transparencia sobre los errores detectados.
Por otro lado, la diputada del grupo socialista Irantu Fernández ha criticado al PP, sugiriendo que su motivación para presentar esta propuesta proviene de una directriz de su dirección nacional.
Marta Carrió, diputada de MÉS per Mallorca, ha cuestionado el uso de un “error garrafal” del Gobierno para “hacer ruido” y ha propuesto que el contrato de las pulseras telemáticas pase a ser un servicio público.















