QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Parlament balear ha reclamado al Gobierno central que acelere todos los procedimientos necesarios para la puesta en servicio de un segundo cable submarino de interconexión eléctrica entre Mallorca y Menorca, con el objetivo de asegurar una “mayor fiabilidad” en el abastecimiento energético de la isla menorquina.
La petición forma parte de una proposición no de ley (PNL) presentada este jueves por el diputado del PP Jordi López en la Comisión de Economía del Parlament, que ha salido adelante con el respaldo unánime de todos los grupos.
En el mismo texto, la Cámara autonómica emplaza al Ejecutivo estatal a colaborar de forma estrecha con Red Eléctrica de España para abordar las “carencias de capacidad” detectadas en la red de transporte de electricidad en Menorca y buscar soluciones que refuercen la infraestructura existente.
Además, el Parlament insta al Gobierno a fijar un marco jurídico “adecuado” que haga posible la creación de fórmulas de colaboración entre administraciones públicas e inversores privados, de forma que se facilite tanto la construcción como la explotación de este tipo de infraestructuras estratégicas.
Paralelamente, la institución balear exige al Ejecutivo que cumpla los compromisos recogidos en el Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2021-2026, en particular la instalación de baterías en Menorca, cuya finalización está prevista para 2025. Por ello, reclama acelerar al máximo los plazos con el fin de “garantizar el suministro eléctrico de la isla”.
MAYOR “FLEXIBILIDAD” PARA LA PESCA EN BALEARES
En la misma sesión se ha abordado otra PNL, impulsada en este caso por la diputada del PSIB Malena Riudavets, centrada en los posibles ajustes de la normativa europea que regula la actividad pesquera en el Mediterráneo.
Así, el Parlament ha solicitado a la Comisión Europea que revise con carácter “urgente” el Reglamento 2019/1022, con el propósito de adaptar el marco regulador a “la realidad de las pesquerías mixtas del Mediterráneo occidental”.
“Esta revisión tiene que permitir una gestión más flexible y ajustada a la realidad operativa de la flota balear, evitar que el esfuerzo pesquero se determine exclusivamente en función de la especie más vulnerable y reconocer la diversidad de especies y de artes de pesca utilizadas en una misma embarcación”, ha manifestado la diputada.
Asimismo, la Cámara balear reclama a Bruselas que incorpore en el reglamento un mecanismo de flexibilidad interanual que haga posible trasladar hasta un 10% de los días de esfuerzo pesquero entre ejercicios, además de crear un sistema de estabilizadores de alrededor de un 20% para asegurar “previsibilidad y estabilidad” en la gestión.
El Parlament también pide al Gobierno de España que, en el marco de las negociaciones comunitarias, defienda un modelo de gestión de la pesca mediterránea “diferenciado”, que tenga en cuenta la naturaleza mixta de la actividad, la “participación real” de los agentes implicados y la adopción de medidas adaptadas a la singularidad insular.
Al mismo tiempo, se solicita a la Comisión Europea que incorpore de forma “inmediata” los datos científicos “más actualizados” sobre los ‘stocks’ demersales del Mediterráneo y que habilite procedimientos “ágiles” para revisar las medidas de gestión cuando la evidencia científica lo aconseje.
Otro de los puntos subrayados por el hemiciclo balear es la necesidad de que la Política Pesquera Común reconozca la insularidad como un factor específico, lo que debería traducirse en compensaciones por los sobrecostes logísticos, de infraestructuras y laborales que soporta el sector.
Al Gobierno de España se le reclama, además, que inste a la Comisión a la “flexibilización” del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa), de manera que la flota pueda adaptarse a las nuevas restricciones “sin perder viabilidad” y a “acelerar el acceso a estos fondos para modernización, relevo generacional y transición verde”.
Por otro lado, el Parlament plantea al Govern que diseñe y ponga en marcha, junto con el sector y la comunidad científica, una estrategia de transición hacia un modelo pesquero “sostenible y resiliente”.
Dicha estrategia debería basarse en la “optimización del esfuerzo” pesquero según zonas y especies, en el aumento de áreas de cierre permanente sustentadas en criterios científicos y participativos, en la diversificación de la actividad mediante servicios ambientales compatibles y proyectos de pesca regulados con “fines educativos y de sensibilización ambiental”, así como en la “mejora de la rentabilidad” a través de una mayor valorización del producto local y de la trazabilidad.
Igualmente, se solicita al Govern que ponga en marcha un Programa Joven de pesca artesanal y modernización, con ayudas específicas para la incorporación de nuevos profesionales y la formación práctica, en coordinación con las cofradías y los centros de investigación.
El texto también emplaza al Ejecutivo autonómico a reforzar la cogestión pesquera mediante la creación o consolidación de comités de cogestión en los que participen activamente el sector, la comunidad científica, las administraciones y las entidades sociales, especialmente en aquellas zonas con fuerte presencia de pesca artesanal y de arrastre.
Asimismo, el Parlament reclama que se fomenten, mediante apoyo económico y asesoramiento técnico, artes y tecnologías de pesca más selectivas y con menor impacto ambiental, y que se supervise y garantice el “correcto funcionamiento” de las lonjas de pescado, en especial la de Palma, asegurando una gestión “eficiente, transparente y orientada al servicio del sector pesquero profesional y del consumidor local”.
Finalmente, la Cámara balear insta a la Comisión Europea y al Parlamento Europeo a reconocer la pesca de arrastre y la pesca artesanal como “activo estratégico” para la seguridad alimentaria del Mediterráneo y a asegurar su respaldo institucional, financiero y simbólico. Todos estos puntos han sido apoyados por el conjunto de formaciones políticas, a excepción de Vox.
