QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Partido Popular de Menorca ha expresado su satisfacción tras la aprobación en el Congreso de los Diputados de una modificación en la Ley de Navegación Aérea. Esta modificación estipula que Aena debe incluir a los Consells Insulars en el proceso de toma de decisiones relacionadas con los aeropuertos insulares, además de las ya consultadas Comunidades Autónomas.
Desde el PP, destacan que “este logro responde a una reivindicación justa y adaptada a la realidad insular, que además sale del trabajo conjunto con el presidente del Consell de Menorca, Adolfo Vilafranca”. “Que la isla tenga voz en la gestión de su aeropuerto y que las decisiones no se tomen nunca más de espaldas a los menorquines”, afirmó Cristóbal Marqués, senador del PP por Menorca.
Marqués indicó que la sesión del miércoles en el Congreso representaba el paso final para la ratificación definitiva de la ley. “Recordemos que la enmienda fue aprobada en primera instancia la semana pasada en el Senado, con el voto en contra del PSOE. Sin embargo, gracias a la presión ejercida por el PP en Baleares, el PSOE se ha visto obligado a rectificar en el Congreso y aceptar finalmente esta medida de sentido común”, añadió.
“Un ejemplo muy claro de por qué es necesaria esta enmienda es el proyecto de la torre de control virtual del aeropuerto de Menorca, impulsado por Aena sin consultar en ningún momento al Consell. Una decisión de enorme trascendencia para la seguridad aérea y el futuro de nuestras infraestructuras, adoptada sin contar con la institución que representa a todos los menorquines. Con la enmienda del PP, situaciones como esta no podrán repetirse”, enfatizó.
Lamentablemente, el senador ha criticado que no se pudiera votar la enmienda presentada en el Senado para habilitar 1.200 millones de euros destinados a asegurar el descuento de residente. “La presidenta del Congreso, Francina Armengol, decidió vetar en la Mesa del Congreso, todo parece indicar que vieron que en la votación sería aprobado y lo vetaron antes”, concluyó, describiendo la situación como “una decisión injusta que priva a Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla de una garantía fundamental para la igualdad de sus ciudadanos”.
