En una reciente sesión en el Parlament, el PP y Vox han votado en contra de una proposición no de ley (PNL) dirigida a solicitar al Govern la retirada del monolito de Sa Feixina y la creación de un espacio conmemorativo en honor a las víctimas de la dictadura, además de apoyar su registro en el censo estatal de simbología franquista.
Durante la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales, el diputado socialista Omar Lamin defendió esta propuesta, que fue rechazada en su totalidad. La PNL incluía también un pedido al Ayuntamiento de Palma para que el monumento no se considerara protegido a nivel municipal.
Adicionalmente, la iniciativa proponía la eliminación de un segundo monolito franquista en Maó e incluirlo igualmente en el censo estatal.
Reducción de tiempos en exámenes de conducir
Por otro lado, la cámara ha dado su visto bueno, con la abstención del PSIB, a una PNL del diputado del PP Rafael Nadal, que solicita mejorar las condiciones del personal examinador de la DGT en Baleares y acortar los tiempos de espera para los exámenes de conducir.
La propuesta insta al Gobierno a incrementar urgentemente los recursos para Baleares, aumentar el personal estructural de examinadores, y revisar y mejorar sus condiciones laborales con incentivos adicionales. Además, ha exigido un estudio para determinar el número adecuado de examinadores para asegurar que las listas de espera no excedan las tres semanas.
También se ha pedido al Ejecutivo, de forma temporal, incrementar los equipos itinerantes, contratar interinos y ampliar las horas extraordinarias para responder a la demanda.
Coordinación de Protección Civil
En otro orden de cosas, una PNL presentada por la socialista Teresa Suárez sobre el refuerzo y coordinación de Protección Civil ha recibido un amplio apoyo. El Parlament ha pedido al Govern que asuma el liderazgo en este ámbito, especialmente en operaciones fuera del ámbito municipal, y que promueva la colaboración con los ayuntamientos.
Se ha instado también a asegurar la ejecución de un plan de divulgación y sensibilización en protección civil, y a adaptar las políticas de prevención de emergencias a nuevas realidades territoriales y legislativas, particularmente en zonas de alto riesgo natural.
El único punto que no ha contado con el apoyo unánime, debido a la oposición del PP, ha sido la dotación presupuestaria al plan estratégico de voluntariado de Protección Civil aprobado en 2023 e iniciar su implementación, aunque finalmente ha sido aprobado.