El Parlament balear, gracias a los votos favorables de PP y Vox, ha expresado su oposición a la regularización extraordinaria de personas migrantes impulsada por el Gobierno central, al entender que “contribuye a un efecto llamada” e “ignora el crecimiento poblacional en Baleares”.
Este posicionamiento se recoge en una proposición no de ley defendida por la diputada 'popular' Cristina Gil en la sesión plenaria de este martes, en la que además se reclama “endurecer los criterios de acogida” y “agilizar las expulsiones”.
Alrededor de un centenar de migrantes y miembros de entidades sociales han seguido el debate desde el salón de plenos y desde la sala de Pasos Perdidos, anexa al hemiciclo, mientras intervenían los distintos portavoces de los grupos.
Antes de arrancar la discusión parlamentaria, desde la bancada del PSIB se ha emplazado a la diputada del PP a dirigirse a las personas presentes en la tribuna. “Son los que quieres expulsar”, le ha espetado el portavoz socialista, Iago Negueruela, a lo que Gil ha respondido criticando su “falta de clase”.
Por su parte, la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, se ha dirigido también a los asistentes y les ha recriminado “que se dejen usar por un partido tan corrupto”, en alusión al PSOE.
Contenido de la iniciativa aprobada
Con el apoyo conjunto de PP y Vox, el Parlament ha dejado constancia de su rechazo a la regularización extraordinaria, que según las estimaciones podría alcanzar a unas 10.800 personas en Baleares, al considerar que se trata de una medida “masiva e indiscriminada”.
El texto aprobado sostiene igualmente que esta regularización “contribuye al efecto llamada que alientan las mafias que se lucran con la desesperación y que amenaza con intensificar la crisis migratoria” y que, además, “ignora el crecimiento poblacional en Baleares y la capacidad real de integración o el acceso a una vivienda”.
La propuesta subraya asimismo la “grave irresponsabilidad” que, a su juicio, la regularización “representa para la seguridad” al “sustituir la exigencia de un certificado de carencia de antecedentes penales y policiales por una declaración responsable”.
En consecuencia, la Cámara autonómica ha reclamado al Gobierno que renuncie a la regularización y, en su lugar, impulse “un cambio drástico en la política migratoria” orientado a “el control migratorio y de las fronteras, el endurecimiento de los requisitos de llegada y de acogida y la agilización de las expulsiones”.
Además, el Parlament insta al Ejecutivo central a dotar de más recursos humanos y materiales a los servicios de Extranjería, actualmente en situación de “colapso”, con el fin de que las personas que intentan normalizar su situación por las vías ordinarias puedan hacerlo.
Vox había registrado varias enmiendas para modificar el redactado de la proposición, pero el PP ha optado por no aceptar ninguna de ellas, pese a lo cual la formación de Santiago Abascal ha mantenido su voto favorable al texto final.
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