QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El PSIB ha señalado que el Govern tiene previsto asignar 21 millones de euros del ‘plan de segregación lingüística’ a 19 instituciones educativas concertadas en Baleares.
El legislador del PSIB, Álex Pitaluga, mencionó que estos centros ‘ya aplican muchas horas en castellano’, motivo por el cual recibirán más de un millón de euros cada uno, mientras que el Govern ‘ignora la enseñanza pública’, como explicó en un comunicado.
El diputado respondió al aceptar el PP, dentro de la Comisión de Hacienda del Parlament en su sección de Educación, ‘devaluar la enseñanza pública en favor de la educación concertada’.
Pitaluga destacó que este plan, ‘impuesto por Vox’, dispondrá de 21 millones de euros que ‘ni siquiera están incorporados en los presupuestos generales para 2025’ y ‘no cuenta con ningún estudio de necesidades, ni prevé necesidades de infraestructuras, ni tampoco tiene el apoyo de la comunidad educativa’.
‘Mientras tanto, PP y Vox aprueban medidas para condenar al catalán a la desaparición del espacio público, al arrinconar la lengua propia de Baleares en beneficio de la lengua hegemónica’, señaló Pitaluga.
El PSIB criticó este ‘giro hacia las políticas de Vox’ y alertó sobre las ‘mentiras’ del Govern, destacando que los presupuestos actuales presentan ‘importantes recortes’ en inversiones, todos relacionados con la enseñanza pública.
Además, Pitaluga resaltó que el Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos (Ibisec) sufre un recorte de diez millones de euros, de 54 a 44 millones, la gratuidad en las escuelas públicas se reduce de 36 a 25 millones, y los gastos de funcionamiento en centros públicos disminuyen en dos millones, mientras que aumentan en los concertados.
Las contribuciones a la Dirección General de FP también se reducen de 26 a nueve millones y en general, se observa una disminución en las aportaciones a varios programas específicos, como el Convivèxit.
El grupo socialista ha propuesto varias enmiendas para mejorar la práctica educativa e incluir más medidas de inclusión social y equidad, pero fueron rechazadas a pesar de que ‘cuentan con el consenso de la comunidad educativa –sindicatos, FAPA, colegios de docentes, asociación de directores y directoras de centros y la Assemblea 0-3–‘.
